Con el propósito de crear un Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones en materia familiar.  La propuesta establece que, quien incumpla total o parcialmente con su obligación alimentaria, ordenada por mandato judicial o establecido mediante convenio judicial, por un período de 60 días o haya dejado cubrir cuatro pensiones sucesivas dentro de un periodo de dos años, se constituirá en deudor alimentario moroso.  La legisladora explicó que, en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos se asentarán al menos los siguientes datos: Nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población; las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y, juzgado familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.  Vargas Hernández dijo que si el deudor alimentario comprueba que ha liquidado el monto de las obligaciones alimenticias adeudadas, el juez dará vista al acreedor alimentario y, en su caso, ordenará la cancelación de la Inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, así como de la anotación preventiva en Registro Público de la Propiedad.

Enfatizó que se debe de garantizar un mejor cumplimiento a las obligaciones de proporcionar alimentos, y como Poder Legislativo se tiene la obligación de hacer valer los derechos de todas las personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, así como procurar que se cumpla con el interés superior de la niñez pues por desgracia los niños, niñas, adolescentes suelen ser los más afectados, y las acciones que se ejecuten en su beneficio deben ser con urgencia para evitar el menoscabo de sus derechos.  La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso para su votación.