Todos los días, el gobierno federal presume operativos, capturas de objetivos prioritarios y “estrategias contra la extorsión y otros delitos”. Pero la calle cuenta otra historia: para millones de mexicanos la inseguridad sigue siendo el mayor fracaso del Estado y las instituciones encargadas de protegerlos no están a la altura.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, del INEGI que dirige Graciela Márquez Colín, pone números al malestar: 75.6 por ciento de la población dice vivir en una entidad insegura y considera incapaces a sus instituciones para contener o resolver conflictos. La sensación empeoró dos puntos porcentuales frente al año anterior.

Detrás de esos porcentajes hay un mapa claro. Los estados con mayor desconfianza son Morelos, que “gobierna” la morenista Margarita González, con 90 por ciento; Tabasco, del también morenista Javier May, con 89; Guanajuato, de la panista Libia Dennise García, con 88, y Zacatecas, de David Monreal, con 87 por ciento.

Ese ambiente alimenta un círculo vicioso: la gente deja de denunciar. ¿Para qué ir al MP si no pasa nada? Así crecen delitos como la extorsión y el fraude.

Sólo en extorsión, el porcentaje de denuncias aumentó 23.1 por ciento, lo que obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los gobernadores a firmar un acuerdo para intentar frenar la curva.

El plan parece ambicioso: armonizar leyes estatales con la federal, crear áreas especializadas en las fiscalías, unificar criterios de denuncia, perseguir la extorsión de oficio e imponer penas de hasta 48 años de cárcel. El problema es el mismo de siempre: la distancia entre la foto del acuerdo y la patrulla que nunca llega.

Donde la responsabilidad se inclina más hacia el ciudadano es en el terreno del fraude. La ignorancia, el desconocimiento financiero y también la codicia son caldo de cultivo para que delincuentes usen toda clase de artimañas.

La Condusef, que preside Oscar Rosado Jiménez, ha detectado múltiples esquemas de engaño, la mayoría virtuales: aplicaciones bancarias, operaciones financieras falsas y supuestas agencias de viaje.

Hoy los criminales practican “ingeniería social”: mediante llamadas, mensajes y enlaces enganchan a la víctima hasta que ella misma entrega sus datos y su dinero.

También utilizan Inteligencia Artificial para crear imágenes de figuras como la presidenta Sheinbaum o Carlos Slim y pedir donaciones o inversiones milagrosas.

El golpe es generalizado, pero pega con especial dureza a los adultos mayores: 32 por ciento de estos delitos se comete contra ellos.

La paradoja es obvia: mientras el gobierno federal repite que la seguridad va por buen camino, la ENVIPE 2025 exhibe que la desconfianza crece, la extorsión se dispara y el fraude se sofistica.

Si el Estado no demuestra en los hechos que puede proteger a la gente, la narrativa oficial seguirá siendo sólo eso: una parte de guerra optimista en un país que vive una realidad mucho más violenta.

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DOCUMENTADO ESTÁ que el presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, utiliza recursos públicos para favorecer a su familia.

Sus padres, su hermano y otros parientes habrían recibido contratos millonarios a través de empresas fantasma que “suministran” concreto para obras municipales.

El regidor Juan Carlos Hernández, también de Morena, anunció acciones legales por la comisión de presuntos delitos.

El caso ya está siendo revisado por integrantes de la dirigencia nacional del partido guinda, que encabeza Luisa María Alcalde.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En lugar de licitaciones abiertas en Piedras Negras, parecen invitaciones a la cena navideña”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ