Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal Manuela García Cázares informó que en casos de violencia doméstica los agresores terminan mayoritariamente en libertad a causa de la falta de denuncia por parte de las víctimas. Cázares explicó que muchos de estos casos son advertidos por vecinos que presencian casos de violencia doméstica o intrafamiliar, en los cuales, los victimarios son detenidos en flagrancia y puestos a disposición del ministerio público sin embargo, la detención tiene una vigencia de 12 horas para proceder a declarar una querella con el fin de llevar un control del proceso, proteger los derechos y tener la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios, sin embargo, al no ser presentada dentro de esa temporalidad la detención resulta improcedente y el acusado es puesto en libertad como ocurre en la mayoría de los casos. El control psicológico que llegan a ejercer los agresores contra las víctimas las impide de continuar con un proceso jurisdiccional que dictamine una sentencia y prevenga la reincidencia, por lo que se mantiene un ciclo de violencia constante. Al respecto la fiscal expresó que lo único que puede realizar el organismo es establecer las condiciones de riesgo que tiene la víctima para otorgar medidas de protección necesarias para su seguridad. Declaró que en la actualidad se han dictado más de 5 mil medidas de protección por parte de la Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. La mandataria indicó que como alternativa está la colaboración con diversas instituciones como el DIF estatal y municipal, los Centros de Justicia, la Guardia Civil Estatal, Unidades de Atención a la Violencia y los servicios de salud en un intento de trabajar de manera colaborativa por la protección de la víctima. Finalmente señaló que en casos donde se identifique que la víctima se encuentra en un estado de indefensión son redirigidas a un refugio en donde tienen acompañamiento de atención jurídica y psicológica, exhortando a la colaboración tanto de las autoridades como de las familias implicadas en estas prácticas.