Al hablar sobre la conferencia de prensa que se ofreció en conjunto con el colectivo “Entre cielo y tierra” y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la Dra. Carmen Chinas, coordinadora del comité de análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara lamentó que sigua siento un reto para las familias de desaparecidos el que no se les pueda garantizar las medidas de reparación integral a las que tienen derecho.  En entrevista para “Así las Cosas” comentó que es preocupante que tengan incluso que buscar asesoría jurídica a pesar de ser uno de los beneficios que tienen como víctimas.  “Fue preocupante lo que se expresó en la conferencia, los colectivos han tenido que buscar asesoría especializada de una abogada y a través de ella iniciar procesos judiciales para que esto pueda ser implementado, estamos hablando desde amparos hasta procesos en los juzgados de distrito, el insistir nuevamente en la Comisión Estatal de Víctimas la necesidad de la atención y hasta la fecha sin resultados lo cual es muy contradictorio, porque uno de los beneficios que pudiera otorgar la Comisión Estatal de atención a víctimas es la asesoría jurídica” señaló. Además, comentó que el panorama es muy desalentador porque no se tienen estrategias claras para la prevención de desapariciones y sumado a eso el calvario que pasan las familias al momento de que las autoridades las atiendan.  Hizo un llamado a que las autoridades sean responsables con relación a las obligaciones que las propias leyes les determinan, es decir, que las familias de personas desaparecidas o los colectivos de búsqueda, no están pidiendo ningún favor, ni ninguna atención especial, sino reclaman lo que les corresponde y que por ley se establecen. Añadió que por parte del comité en su análisis han insistido a las autoridades que tienen que tener además de empatía, una formación y capacitación en temas de derechos humanos de atención a víctimas, porque la ley de desapariciones de Jalisco ya establece una serie de principios que deben regir la actuación de las autoridades con relación a la atención a las víctimas y a los familiares entre esos principios destaca un enfoque humanitario. “Destaca un enfoque humanitario de actuación en el sentido el menor daño posible a las familias, de alejar las prácticas de estigmatización re victimización y todos estos preceptos ya las leyes los determina, pero pareciera que muchas veces quienes atienden a las familias los desconocen o no han recibido la capacitación correspondiente y terminan siendo insensibles frente a una situación que por demás es muy dolorosa” enfatizó. En relación a las familias que llegan a estar ubicadas en zonas alejadas de un punto de atención a víctimas, comentó que para ellos incluye un gasto económico el trasladarse desde donde se encuentren y que precisamente, casos como estos deberían estar contemplados en los fondos presupuestales de atención a las víctimas, encima de la atención médica y psicológica que ya pueden estar sufriendo. Resaltó el gran papel que juega la visualización sobre estos temas en distintos espacios, el trabajo de los colectivos de madres buscadoras al concientizar y prevenir a las comunidades sobre los riesgos que presenta particularmente la región pues es un tema muy serio que debe tener más atención por parte de las autoridades. “Hay un pendiente con relación a la Ley de Víctimas y es que debió haberse discutido en un paquete legislativo, que se hicieron comisiones en el 2020 y se aprobaron las leyes en el 2021 me refiero a la ley de desaparición y la ley de declaración de ausencia en esa discusión que se integraron meses de trabajo y en el que el Comité universitario también participó, quedó pendiente la Ley de Víctimas y se dijo que se iba a avanzar en la discusión y esto no sucedió, hace falta que se retome” finalizó.