Durante 2025 se han registrado diversos casos de filtración de información sensible proveniente de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía y autoridades por la falta de resguardo adecuado de datos confidenciales y su impacto en investigaciones penales y en las víctimas. Entre los casos más relevantes se encuentra la difusión de un video del interrogatorio de uno de los implicados en el asesinato de un joven pasante de la Facultad de Estomatología; así como la filtración de una denuncia por abuso sexual realizada por una alumna de la Facultad de Derecho, que apenas dos días después se volvió mediática y derivó en protestas que paralizaron la ciudad. A estos hechos se suma el presunto hackeo ocurrido en agosto, mediante el cual se habría tenido acceso a cerca de 73 mil documentos confidenciales, acompañados de un intento de chantaje para evitar su publicación. Otro caso que generó indignación pública fue la circulación de imágenes del cuerpo de una joven asesinada en Villa de Zaragoza, las cuales se difundieron en redes sociales sin ningún tipo de confidencialidad, revictimizando a la víctima y a sus familiares. Estos episodios han puesto en el centro del debate la capacidad institucional de la FGE para proteger la información que maneja. Ante esta situación, la fiscal general del estado, Manuela García Cázares, informó que se mantiene una investigación para identificar al responsable de la filtración del video del interrogatorio; aunque aclaró que dicho material no forma parte de la evidencia contundente del caso. Sobre la filtración de la denuncia de la estudiante de Derecho, la fiscal señaló anteriormente no tener conocimiento de cómo llegó la información a los medios de comunicación. Respecto del presunto hackeo, la Fiscalía únicamente informó en su momento sobre la habilitación de un sistema alternativo temporal, con el fin de que los usuarios pudieran continuar con sus trámites, enmarcando la situación dentro de un plan de actualización tecnológica para reforzar la seguridad informática, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer resultados claros de las investigaciones. Y sobre las imágenes del asesinato de la joven, aseguró que no habrían afectado el caso pues ya se encontraba judicializado. Cázares sostuvo que hay medidas para evitar nuevas filtraciones, la responsabilidad recae en los funcionarios que tienen acceso a las carpetas de investigación. “Esa es una responsabilidad de todo aquel funcionario que tiene acceso a una carpeta, el no difundir la información, sobre todo cuando afecta a la investigación o puede tener alguna implicación contra una persona”, declaró.

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  Las declaraciones de la fiscal han sido interpretadas por algunos sectores como un deslinde de responsabilidad institucional, mientras continúan las exigencias de mayor transparencia, controles internos efectivos y protocolos claros para garantizar la protección de datos sensibles dentro de la Fiscalía General del Estado.