Un juez del condado de Fulton (correspondiente a la ciudad de Atlanta) desestimó el miércoles, a solicitud del fiscal estatal designado para el caso, el proceso por presunta interferencia electoral de 2020 contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que las cuestiones planteadas “caen en jurisdicción federal” y no estatal, según la resolución divulgada por el tribunal.

El fiscal Pete Skandalakis sostuvo en un escrito de 23 páginas que la causa debía cerrarse porque la investigación “se superpone con atribuciones federales” y porque el procesamiento de un presidente en funciones en sede estatal es “prácticamente inviable” en la práctica.

El movimiento marca un giro en una de las causas penales más conocidas surgidas tras los comicios de 2020 y se produce después de meses de turbulencias procesales en Georgia. El caso había sido impulsado en 2023 por la fiscal de distrito Fani Willis, que imputó a Trump y a otros 18 acusados por una supuesta trama para revertir el resultado en el estado.

Meses más tarde, un tribunal de apelaciones apartó a Willis por conflicto de interés, lo que llevó a que el Consejo de Fiscales de Georgia (PAC) designara a Skandalakis para decidir los siguientes pasos del expediente.

En su moción, el fiscal recordó que una pesquisa federal separada, dirigida por el fiscal especial Jack Smith, había sido retirada tras las elecciones de 2024 —en línea con la política del Departamento de Justicia de no acusar a un presidente en funciones—, lo que a su juicio reforzaba la improcedencia de mantener un procedimiento estatal en paralelo.

“Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del gobierno federal a su disposición (...) concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación [...] sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo”, escribió Skandalakis, de acuerdo con el documento.

La oficina del fiscal especial abandonó en 2025 los dos casos federales que pesaban sobre Trump —uno por la supuesta interferencia en los comicios y otro por retención de documentos— sin que ninguno llegara a juicio.

El juez Scott McAfee acogió el planteamiento y ordenó el archivo del proceso, que ya había sufrido recortes previos de cargos bajo el mismo magistrado. En marzo de 2024, McAfee había desestimado tres cargos de conspiración vinculados a solicitudes de funcionarios públicos, aunque mantuvo otros cargos más amplios, lo que permitió a la fiscalía reordenar su estrategia a la espera de un calendario de juicio.

La decisión de este miércoles llega tras la salida de Fani Willis. La funcionaria fue apartada del caso por decisión de la corte de apelaciones de Georgia, a raíz de su relación con el entonces fiscal especial Nathan Wade. Con Willis fuera, el PAC de Georgia nombró a Skandalakis, director del organismo, para evaluar si continuar, modificar o retirar la acusación. En los últimos días, medios locales y documentos oficiales confirmaron su designación y autoridad para encabezar la revisión.

El fallo también impacta en los 14 acusados que permanecían procesados en Georgia, luego de que cuatro coacusados aceptaran responsabilidades menores en 2023. La acusación original señalaba intentos de presionar a funcionarios del estado para “encontrar” votos que revirtieran la ajustada derrota de Trump frente a Joe Biden. La defensa del mandatario sostuvo que sus declaraciones fueron “discurso político protegido” por la Primera Enmienda.

La orden judicial de hoy cita dos criterios principales:

La prevalencia de la jurisdicción federal en conductas vinculadas al ejercicio de funciones presidenciales o a materias reservadas por la Constitución

La doctrina administrativa del Departamento de Justicia de abstenerse de procesar a un presidente en funciones.

Con ese encuadre, el juez McAfee consideró improductivo “prolongar” una causa que, según Skandalakis, podría “consumir entre cinco y diez años” sin ofrecer claridad sobre su viabilidad.

El cierre del caso estatal en Georgia supone, además, el derrumbe del último proceso penal que quedaba contra Trump antes de su regreso al cargo en enero. De acuerdo con los documentos y declaraciones citadas por la fiscalía estatal, el esfuerzo por llevar adelante el juicio sin el principal acusado —y con eventuales alegatos de inmunidad— hacía inviable la continuidad para el resto de los encausados.

El expediente georgiano ha sido una caja de resonancia de la pugna entre jurisdicciones y del alcance de la libertad de expresión en procesos políticos. En paralelo, la descalificación de Willis y la posterior intervención del PAC de Georgia pusieron de relieve el poder de los órganos de coordinación fiscal estatales para reconducir causas de alto perfil, incluidas aquellas que afectan a autoridades federales.

En el corto plazo, la atención se desplaza a posibles repercusiones políticas y a las reacciones de los coacusados que habían negociado acuerdos en 2023.

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Con información de Excélsior