Lo acontecido recientemente en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, ha dejado al descubierto las graves fallas en la coordinación de las autoridades y la ineficiencia en las investigaciones, pues las fiscalías, tanto la de Jalisco como la Fiscalía General de la República, han demostrado una "enorme incapacidad" para abordar la crisis de desapariciones, detalló en entrevista para “Así las Cosas” Jorge Rocha Quintero, politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. “Claramente las fiscalías no están funcionando como deberían. No se tiene la capacidad de investigación científica ni el personal necesario. La falta de recursos y coordinación está siendo un obstáculo fundamental en la resolución de este tipo de casos”, comentó Rocha Quintero. Además, el politólogo destacó que las comisiones encargadas de atender a las víctimas y de buscar a las personas desaparecidas, como la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales, tampoco cuentan con los recursos, personal o tecnología suficiente para desempeñar su labor de manera eficaz. El caso de Teuchitlán también ha expuesto la fragilidad de las políticas de prevención del crimen en México. Rocha Quintero recalcó que, a pesar de los esfuerzos como las becas a jóvenes implementadas en el sexenio pasado, la falta de estrategias preventivas sigue siendo uno de los principales vacíos en la política de seguridad en el país. Un punto crítico señalado por el politólogo es la desatención a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Estos grupos, que han jugado un papel crucial en la visibilidad del caso, han denunciado públicamente las fallas en la fiscalía y la falta de colaboración con las autoridades. “Son los colectivos los que han mantenido la presión para que haya avances. Ellos han tenido que asumir el rol que el gobierno debería haber tomado”, afirmó Rocha Quintero. El debate sobre la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno también ha estado presente en el caso. Desde el principio, se ha politizado el tema, con acusaciones cruzadas entre el gobierno estatal y el federal sobre quién tiene la responsabilidad del resguardo de la seguridad en Teuchitlán. Para Jorge Rocha este tipo de disputas solo contribuye a la parálisis de la acción gubernamental y a la falta de soluciones efectivas. En cuanto al impacto político en el actual gobernador, Pablo Lemus Rocha Quintero indicó que el caso ya está afectando su agenda pública. La relación con la fiscalía estatal ha sido seriamente cuestionada tras los señalamientos sobre la incompetencia en la investigación de los hechos. El politólogo recordó que el propio gobernador había señalado la necesidad de una reingeniería en la fiscalía estatal, pero hasta la fecha no se han tomado medidas concretas para mejorar la situación. Finalmente, sugirió que el caso Teuchitlán podría convertirse en un punto de quiebre para el sistema de justicia y seguridad en Jalisco, y en todo el país.