Con el propósito de fortalecer las capacidades del personal que interviene en la ejecución penal para garantizar el debido proceso, proteger a las víctimas y aplicar correctamente los beneficios preliberacionales, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado dio inicio al diplomado “Nuevos paradigmas de la ejecución penal: un enfoque desde los derechos humanos y los criterios de oportunidad”, que se impartirá en modalidad híbrida.

La inauguración fue encabezada en el Patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno por Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, acompañada por Héctor Pizano Ramos, Procurador Social del Estado de Jalisco.

Jalisco registró 528 egresos por libertad condicionada y 88 egresos por libertad anticipada.  En conjunto, ambas figuras sumaron 616 casos, equivalentes al 13.4 por ciento de los 4 mil 590 egresos reportados durante 2025, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2026 del INEGI. “Estos números no representan impunidad ni una liberación automática. Al contrario, cada uno de esos casos requirió una resolución judicial fundada, el cumplimiento estricto de requisitos legales, evaluaciones de riesgo, la reparación del daño a las víctimas y, sobre todo, la garantía de que ni la sociedad ni las víctimas quedan desprotegidas”, afirmó Anaya Zúñiga. La libertad anticipada es un beneficio que se tramita ante el Juez de Ejecución y que extingue la pena de prisión cuando se cumplen las condiciones establecidas en la ley.  Entre ellas se encuentran la buena conducta, la reparación del daño, la inexistencia de riesgos para víctimas o la sociedad y haber cumplido 70 por ciento de la pena en delitos dolosos o 50 por ciento en culposos.  No procede en casos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Héctor Pizano Ramos destacó la importancia de mantener una perspectiva social y de protección a las víctimas durante la ejecución penal. El diplomado está dirigido a personas defensoras públicas y al personal jurídico de las dependencias y entidades estatales. Se desarrollará a lo largo de 13 sesiones, de 9 a 12 horas, de agosto a noviembre de 2026. Contará con especialistas en ejecución penal, derechos humanos y criterios de oportunidad, figura prevista en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con esta estrategia de profesionalización, la Consejería Jurídica fortalece la preparación del servicio público para contribuir a decisiones mejor fundamentadas, oportunidades reales de reinserción y una protección efectiva de los derechos de las víctimas y de la sociedad.