Un secretario en funciones de juez federal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal otorgó una suspensión provisional que frena la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán (2015-2021), acusado de un desfalco de 3,412 millones de pesos.  La medida cautelar, concedida tras admitir una demanda de amparo, impide que Aureoles sea detenido hasta que se resuelva la suspensión definitiva, siempre que pague una garantía de 52,000 pesos en un plazo de cinco días. La Fiscalía General de la República (FGR) imputa a Aureoles los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  Las acusaciones están relacionadas con la compra a sobreprecio de siete cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Según la FGR, estas operaciones, realizadas con la empresa Inmobiliaria DyF, generaron un daño patrimonial al erario federal y estatal. ¿En qué consiste el recurso promovido por Aureoles?

El amparo, promovido el 21 de abril, reclama actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, incluyendo la orden de captura y su ejecución.  El secretario en funciones de juez aclaró que la suspensión provisional protege a Aureoles de ser privado de su libertad, incluso si el proceso penal impone prisión preventiva justificada. Además, ordenó a las autoridades rendir informes en 48 horas, con amenaza de multa en caso de incumplimiento. Aureoles, considerado prófugo y con una ficha roja de Interpol emitida el 24 de marzo, podría estar en el extranjero, según registros migratorios que indican salidas de México entre 2023 y 2024. La FGR intensifica su búsqueda, mientras el exgobernador y su hermano, Antonio García Conejo, denuncian una persecución política. Exfuncionarios de Aureoles ya se encuentran detenidos

En marzo, cuatro excolaboradores de Aureoles –Carlos Maldonado Mendoza, Mario Delgado Murillo, Elizabeth Villegas Pineda y J. Antonio Bernal Bustamante– fueron vinculados a proceso por delitos similares y permanecen en prisión preventiva. Durante una audiencia de 22 horas, la jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, procesó a los exfuncionarios y otorgó tres meses para la investigación complementaria, plazo que vence en junio. La defensa de los imputados mencionó un acuerdo reparatorio de 970 millones de pesos firmado por Inmobiliaria DyF en noviembre de 2024, pero la jueza determinó que solo beneficia a la empresa, no a los acusados. Esto limita las opciones de Aureoles para extinguir la causa penal, salvo que se negocien nuevos acuerdos. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de El Heraldo de México.