Derivado de las declaraciones del diputado Eric Silva, en donde ha dado a entender que se procedería a comenzar un juicio político en contra de Ana Karen Jiménez –alcaldesa del Municipio de Peñamiller–, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño, manifestó que el tema ya está siendo mediado por el Poder Ejecutivo a la par que se está salvaguardando la autonomía municipal.  “Vamos a generar condiciones para que puedan hablar, para que puedan resolver mediante la vía del diálogo, por medio de la razón y, por supuesto, siempre en favor del Municipio de Peñamiller”, declaró el funcionario.  Apuntó que ha entablado un diálogo con el diputado local Eric Silva y con la presidenta municipal Ana Karen Jiménez para poder coordinar una reunión diplomática entre ambas figuras políticas. Sin embargo, lamentó el papel que ha jugado el diputado federal Gilberto Herrera dentro de este tema:  “Lamentó que un diputado federal vaya e incite a la población y provoque y se aproveche. Eso es de preocuparse, pero bueno nuestra función es dialogar y siempre llegar a las soluciones que beneficien a la población”, agregó. 

Finalmente, Gudiño señaló que la administración municipal sigue operando mientras de manera paralela se llevará el proceso referido.  “Hay un tema con una delegada. Estamos dialogando ya que al final de cuentas hay una falta administrativa, pero que ella pueda mientras seguir en sus funciones. Estamos en ese proceso. La presidenta está en toda la disponibilidad y voluntad, también ya se habló con la propia delegada. Los concertadores del Gobierno del Estado, de la Subsecretaría de Desarrollo Político están ahora en Peñamiller, no han dejado de estar y hemos generado las condiciones para que puedan llegar a buenos acuerdos”, finalizó.  En noviembre de 2025 se denunció la destitución de Anallely Díaz como delegada de San Miguel de Palmas, ubicado en el municipio de Peñamiller. Fue el diputado Eric Silva quien manifestó su rechazo durante una sesión de pleno en el Congreso local. 

En su momento, precisó que esta acción constituía un “acto político disfrazado de trámite administrativo”, en donde el verdadero objetivo era “silenciar las voces libres y anular la representación ciudadana”.