Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, reafirmó su compromiso de construir un San Luis Potosí con justicia social y oportunidades sin límites al otorgar la preliberación a 150 personas privadas de la libertad, 17 mujeres y 133 hombres, del Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila”.  El Gobernador del Estado compartió que esta política es única en el país y se realiza con un sentido profundamente humano, reflejando el firme impulso de priorizar la reinserción y la reconstrucción del tejido social, por lo que las y los beneficiarios recibirán una segunda oportunidad para reencontrarse con sus familias y con una nueva visión de vida. Durante el encuentro, Ricardo Gallardo reiteró su convicción de que todas las personas tienen el derecho de reconstruir sus caminos de vida cuando demuestran un genuino arrepentimiento y buen comportamiento; señaló que, desde el inicio de estas acciones, ninguna de las personas beneficiadas ha reincidido, lo que demuestra la eficacia y responsabilidad del programa, desarrollado con estricto respeto a la ley. El Gobernador del Estado destacó que su Gobierno Estatal ofrece, a las personas que quedarán en libertad, una amplia bolsa de trabajo, apoyos para emprender negocios con respaldo del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), así como acceso a educación, capacitación para el empleo y actividades deportivas.  Esta política de reinserción social sin precedentes es resultado de la coordinación entre el Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCE). Gracias a este trabajo conjunto, se generaron condiciones jurídicas y sociales necesarias para que quienes cumplen con los requisitos accedan al beneficio.  Además, en el penal de La Pila se han mejorado áreas clave, en esta ocasión, se construyó un nuevo módulo de celdas para resguardo de ingresos y egresos, con la finalidad de mantener el orden de las entradas y salidas de las personas privadas de la libertad, así como garantizar la seguridad de aduana y del personal penitenciario hasta en tanto se lleve a cabo el procedimiento correspondiente de ingreso o de libertad.