En la adquisición cámaras de videovigilancia en la pasada administración gubernamental, el gobierno actual del Estado detectó precios inflados, según reveló J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno. Sostuvo que ya se están integrando las carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. “Es parte de lo mismo, de la herencia maldita. Se están integrando las carpetas de investigación que tienen que ver con todo el tema de cámaras. Lo que detectamos fue un precio inflado, alzado a más del 100% y eso se va a documentar y por supuesto una vez que esté tenga una investigación muy clara con absoluto respeto a los derechos humanos y muy definida en cuanto a que quisiera una presunta responsabilidad se va a tener que llevar a juicio a los responsables”, señaló. Destacó que como parte de los trabajos de videovigilancia y seguridad se actualizará el equipo tecnológico del C4 y del C5i2 para conectar más de 3 mil cámaras de empresas ubicadas en la Zona Industrial. Agregó que la semana antepasada se tuvo una reunión con el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Puente y aseguró que el mayor interés del estado es conectar las cámaras al C5. Incluso, consideró ampliar la vigilancia con algunas cámaras de viviendas particulares en la zona urbana. “El propósito es que la ciudad está vigilada en el mayor número de puntos posibles que no existen puntos ciegos”.