El gobierno de Perú presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por un presunto “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”, indicó Dina Boluarte este miércoles en una resolución oficial. Señaló que el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha dispuesto que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación del Ejecutivo en el proceso que se llevará ante el Tribunal Constitucional (TC). En ese sentido informó que el Consejo de Ministros otorgó el 17 de mayo pasado la autorización para interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial “por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República”. Concedida esa aprobación, añadió, Boluarte designó al presidente del Consejo de Ministros para que presente la demanda y la represente en el proceso, por lo que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió la resolución que dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación del Ejecutivo. La PCM añadió que el Nuevo Código Procesal Constitucional establece que el conflicto de competencias se produce cuando un poder o entidad estatal “adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro”. Boluarte está siendo investigada preliminarmente por la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delitos de corrupción y cohecho, por el llamado caso Rolex, que implica el uso de relojes y joyas de lujo no declaradas, así como por un supuesto caso de encubrimiento personal durante las investigaciones que se siguen contra uno de sus hermanos, Nicanor Boluarte, por un presunto tráfico de influencias. El martes, el abogado Eduardo Barriga, representante legal de la presidenta, sostuvo en una audiencia judicial que la fiscalía ha vulnerado los derechos a la defensa y el debido proceso de la gobernante durante la investigación abierta por el caso “Rolexgate“. El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó al abogado de Boluarte, y a los representantes de la fiscalía y la Procuraduría General del Estado en la audiencia de evaluación de la tutela de derechos presentada por su defensa, que pidió que se exhorte al fiscal general, Juan Carlos Villena, que realice el control debido de las actuaciones fiscales tal como lo dispone el Código Procesal Penal. El pasado 15 de mayo, Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para prestar una segunda declaración por el caso Rolex, luego de que el fiscal Villena dispuso que amplíe la primera declaración que hizo por este caso. Villena también citó a declarar al gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien es investigado por un presunto cohecho activo genérico tras haber asegurado que prestó los relojes a la gobernante.

Con información de Latinus