Cada vez que hablamos sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se nos ponen los pelos de punta… un nuevo anuncio ha dado de que hablar y en esta ocasión tratamos el tema a detalle para resumir en este espacio los aspectos más importantes.

La iniciativa de Ley de Ingresos de 2022 propone novedades importantes, una de las más destacadas es que el gobierno federal obligará a los bancos a reportar mensualmente los depósitos en efectivo que sus clientes hagan en las cuentas registradas, para llevar un control efectivo, los depósitos que superen los 15,000 pesos irán con un warning para poder validar el origen y la legalidad de dicho dinero.

El susto no debe ser tan grande, lo cierto es que La Ley del Impuesto sobre la Renta ya exigía a los Bancos el reporte de esta información; la controversia viene marcada por el artículo 55, en su sección V, concediendo dos opciones para cumplir con este deber: facilitar los datos de forma mensual, a más tardar el 10 de cada mes; o hacerlo solo una vez al año, antes del 15 de febrero. Por lo general este reporte se realizaba de manera anual y a partir de ahora será mensual para filtrar de mejor forma cada caso.

La modificación se refiere únicamente a los nuevos depósitos, a partir de ser aceptada, estos depósitos serán monitoreados sin incidir en los anteriores, si el contribuyente contaba con ahorros realizados, el fisco no investigará su procedencia.

Las regulaciones hacendarias no se hicieron esperar, es lógica la necesidad de obtener mayor ingreso y esta propuesta facilitará una legalidad mayor en cada ingreso. No olvide que México es un país de Pymes, gran parte de nuestra economía está en estado informal y será con monitoreos de este tipo la manera de llevarlos a la contribución.

Otro candado para conducir a la formalidad es la propuesta de exigir a los jóvenes el Registro Federal de Contribuyentes (RFC ), ligando esta propuesta a procesos como trámites de cédulas profesionales y registros en programas de apoyo, becas, etc. tener una base de futuros contribuyentes facilitará la formalización económica, llevemos todo esto a números:

Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, en 2020, un total de 31.3 millones de personas formaron parte de la economía sumergida. Esto significa que no declararon sus ingresos ante el Servicio de Atención Tributaria (SAT), ni pagaron sus impuestos. Ellos representan un 56.2% de la población ocupada… ¿se le hace justo?, ¿será necesario?

Javier Rueda

@ruedac