Este curso lo imparte el oficial Gustavo Montero González, Jefe de la Unidad de Investigación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal de Puerto Vallarta y va dirigido a todos los elementos de la corporación.

Refiere el oficial Montero, que la finalidad es que se cambie el modelo municipal, y que haya un modelo homologado de Justicia Cívica, donde es simplemente impartir justicia, pero ya con un enfoque más pro activo y con la finalidad de que las conductas de las faltas administrativas no escalen a la conducta delictiva.

“Esa es la situación, los elementos son eje fundamental de este modelo, así como el juzgado cívico que ya también se capacitó en base a esta materia, pero los actores principales son la policía municipal” señaló.

Las materias que se les imparte es saber cuáles son los objetivos fundamentales de la Justicia Cívica, los ejes rectores, y que conozcan los modelos de policía que engloba el modelo de Justicia Cívica.

Los modelos de Justicia Cívica son tres: el de Proximidad, que es la policía orientada a la solución de conflictos y tener la capacidad de poder resolver una situación directamente en el lugar, sin necesidad de que se tenga que ir a la instancia superior.

El modelo de Reacción, es cuando la policía ya no logra atender directamente la situación conflictiva o esta escala a una conducta mayor, sea capaz de inhibir esa situación.

Y está el modelo de Investigación, cuando el policía tiene que empezar hacer investigación en hechos delictivos bajo el mando de conducción del Ministerio Público.

Cuando una persona es detenida, se lleva directamente a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde pasa por un proceso, se elabora un parte médico, un informe policial homologado, así como un registro nacional de la detención y después de hacer eso, se lleva ante el juez municipal y en base al

informe, emite una sanción, pero no le da el derecho de audiencia que tiene la persona detenida.

En el caso de la Justicia Cívica cambia y se hace una evaluación psicológica y psicopedagógica a la persona infractora, con la finalidad de saber del porque está cometiendo esa falta administrativa lo que es más trascendental porque ahora te obliga a saber porque está cometiendo esa falta administrativa.

Una vez que está la evaluación psicológica, ya sea por un trabajador social, psicólogo o un criminólogo, se pasa con el juez y verifica el informe policial homologado y ahora si le da su derecho de audiencia.

Al hacer una audiencia pública, que es muy similar a la de los juicios orales, se tiene la finalidad de que se publica, para que exista transparencia, y la sociedad se sienta tranquila, de que todo está siendo totalmente transparente, por eso es que es público, incluso puede ingresar la prensa o cualquier persona a verificar las audiencias.

En esa audiencia se le da el derecho a escuchar a la persona infractora, obliga al policía que presente mayores pruebas, a que sea más profesional en su trabajo, porque tiene ahí tiene que debatir realmente y sustentar por qué está haciendo la detención.

Al final el juez emite una sanción, puede ser amonestación o arresto hasta por 36 horas, pero en la Justicia Cívica, se le agregan trabajo a favor de la comunidad y si la persona tiene o presenta algún problema de adicción, ahora la finalidad es mandarlo a un centro de adicción durante un determinado tiempo con la finalidad de que, ya no presente este tipo de problema.

El taller se divide de manera teórica y práctica, desde el área teórica ven el modelo homologado, todo el proceso que se lleva en justicia cívica y al final hacen una práctica de una audiencia pública, se trabaja por equipos, se verifica desde el llenado del I.P.H., que hagan la presentación de los elementos materiales probatorios directamente a la audiencia de manera correcta. Y después se califica directamente la audiencia es un taller teórico práctico.