Por una ley federal que no ha sido incluyente con San Luis Potosí, el estado no puede sancionar a empresas y el recurso de las multas administrativas, queda vagando en un limbo fiscal.  San Luis Potosí es uno de los pocos estados que no se le han otorgado facultades conforme al artículo 1,008 de la Ley Federal del Trabajo, para que pudiera sancionar, a las empresas, reconoció el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Néstor Eduardo Garza Álvarez.  Por tanto, nunca se ha sancionado estatalmente a ninguna empresa por incumplimientos y por violentar derechos laborales, admitió.  Explicó que cuando una empresa está violentando a sus trabajadores, se elaboran los dictámenes de condiciones generales del trabajo con inspecciones, “había tiempos de respuestas y demás, conforme al procedimiento que marca de inspecciones y sanciones en materia administrativa y se envía el dictamen a la Secretaría del Trabajo Federal o a la representación del Gobierno Federal”. Ellos son los que determinan las sanciones administrativas, las cuales se notificaban a la autoridad federal.  Expuso que esto provoca un limbo, porque ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, hacen una procuración fiscal sobre estas sanciones administrativas.  “Esto lo vamos a cambiar a partir del mes de agosto, ya les estaremos informando como va a ser, estamos adecuando lo que determinaría que la Secretaría del Trabajo y el Gobierno del Estado, empecemos a sancionar administrativamente a las empresas que no cumplan y estamos revisando una serie de convenios con el Gobierno Federal”.