A diferencia de la pasada administración, que en su último año adquirió cámaras de video vigilancia que no funcionaron correctamente, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona destacó que el nuevo Gobierno realiza una inversión sin precedentes en 2022 para la consolidación de la Guardia Civil Estatal (GCE) con equipamiento de primera línea, 100 vehículos operativos y táctico; arcos de seguridad que se instalarán en toda la ciudad, uniformes nuevos y preparación policial a todos sus elementos. Dijo que las y los potosinos tienen conocimiento y notan el cambio con su Gobierno, pues el anterior compró a precios inflados equipo de video vigilancia que nunca les brindó un beneficio, porque ni siquiera eran compatibles con la tecnología que requieren empresas de la Zona Industrial, además de que simplemente fue un negocio de la herencia maldita. Ahora, hay un compromiso materializado: mayor presencia policiaca y reforzamiento de la protección ciudadana con la Guardia Civil. “Antes de irse, el anterior gobierno estuvo colocando cámaras por todos lados, cosa que no hizo en seis años, además unos días antes del término de la administración se pagan 211 millones de pesos a la compañía que realizó el trabajo y no funcionan, no son compatibles, no sirven; es obvio lo que hicieron”, criticó el jefe del Ejecutivo, al tiempo de referir las denuncias que se persiguen en la Fiscalía General del Estado por este caso. Pese a este lastre, su Gobierno impulsó una estrategia en materia de seguridad con la creación de un estado de fuerza estatal que requirió 350 millones de pesos para iniciar su funcionamiento, cuyo objetivo es recuperar la paz y el orden público en los 58 municipios, con comandancias nuevas en la Zona Industrial y un trabajo “como nunca se había realizado antes en el combate al crimen en las cuatro regiones del Estado”. Es la diferencia de cómo ejerces un año de presupuesto en seguridad, comentó, al remarcar que actualmente se trabaja bajo un estricto plan de seguridad que está dando resultados, y que muy pronto se reflejará en beneficio de la integridad y protección de las familias potosinas y de su patrimonio.