Las autoridades estatales suponen mejorar las capacidades de las instituciones especializadas en el tema para atender la violencia de género y además la violencia de género, especialmente ejercida contra las mujeres, niñas y adolescentes. El nombre de este programa es: Estrategia Emergente contra la Violencia en Razón de Género que tendrá una inversión de 260.7 millones de pesos. Durante 2022 se han registrado 6 asesinatos de mujeres como feminicidio, mientras que de 2018 a 2021 las denuncias por violencia familiar han incrementado en 41%; en el mismo periodo, las llamadas de emergencia al 911 por sucesos de violencia de género crecieron en 161%. De 2020 a 2021 el delito de violación creció en 40% y el delito de abuso sexual infantil aumentó en 11%, en el mismo periodo, la emisión de medidas de protección por parte de la Fiscalía Estatal incrementó en 36%,” comunicaron las autoridades.

Sobre la violencia en razón de género, señalaron que en el caso de los feminicidios cometidos en Jalisco, al menos la mitad de ellos son perpetrados por una persona conocida y/o familiar de la víctima de feminicidio y sobre esa cifra, el 40% fue perpetrado incluso dentro de su hogar, lo que expone un alto nivel de violencia e inseguridad para las niñas, adolescentes y mujeres que las alcanza incluso en sus casas. 

“Para realizar los diagnósticos, el análisis y las intervenciones públicas más precisas es necesario comprender entonces que esta violencia en razón de género es multifactorial, es decir, son muchos los factores que hay que atender y que hay que atacar,” Finalizó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, titular de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Por último, mencionaron que entre los objetivos resaltan, aumentar la capacidad operativa especializada, ampliar la infraestructura institucional, fortalecer el seguimiento a las víctimas de violencia, reforzar y armonizar el marco normativo-jurídico, incrementar la investigación y el análisis, instrumentar mecanismos de evaluación de riesgo ajustados a las nuevas dinámicas psicosociales para que la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar sea más efectiva.