Se trata de seis razones sociales que han acaparado el mercado en contrataciones públicas con el fin de proveer al gobierno federal y de los estados productos contra la falsificación LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica, que preside Andrea Marván, investiga el monopolio que ejercen las empresas de José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista. Se trata de seis razones sociales que han acaparado el mercado en contrataciones públicas con el fin de proveer al gobierno federal y de los estados productos contra la falsificación. Hablamos de hologramas, placas, pre impresiones de páginas de policarbonato, tarjetas de circulación, calcomanías y certificados, entre otros bienes y servicios. Apunte a Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones, Neology, Neology Servicios, Placas y Señalamientos Mexicanos y Appli-K, que se habrían hecho de contratos millonarios con instituciones federales. Accesos Holográficos ha obtenido 60 contratos, la mayoría por adjudicación directa, con dependencias federales de 2010 a la fecha, por 223 millones de pesos y 54.5 millones de dólares. También ha firmado al menos 52 contratos con los gobiernos de Hidalgo, Veracruz, CDMX, Sonora, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Solo entre 2011 y 2013 Neology acumuló 25 contratos federales por un monto total de 41.5 millones de pesos. Pero tiene un largo historial con la administración de Felipe Calderón. En 2010 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le asignó el contrato SESNSP-LPI-C-44-08 para la compra de etiquetas de identificación por radiofrecuencia para el Registro Público Vehícular por 488.2 millones de pesos. Entre tanto, la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos se ha quedado con contratos en los estados de Veracruz, Sonora, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, Oaxaca, y Tlaxcala.  A su vez Appli-k suma otros contratos más en Hidalgo y Michoacán, mientras que Zeitek Soluciones ha formalizado convenios en Aguascalientes. Las conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica podrían iniciar desde las bases de licitación, como en el caso del gobierno de Querétaro, que han solicitado bienes patentados por estas empresas.  Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Accesos Holográficos tiene las patentes MX 327468 B, 268244 B y MX 327469 B identificadas con los registros MX/2009/014021, PA/a/2005/003313, MX/a/2010/009013. Todas están registradas a nombre de Rafael Artasánchez Bautista y le han valido para hacerse de contratos con dicha entidad que gobierna el panista Mauricio Kuri. Quedará en manos de la máxima autoridad en materia de competencia económica determinar si Bautista Pérez y Artasánchez Bautista siguen bloqueando la competencia con esas prácticas desleales. SE TENSA LA relación de Sitio 300, que lidera Sergio Arturo Andrade Sánchez, y el Aeropuerto Internacional de la CDMX, que dirige el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño. El 24 de noviembre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, a cargo de Olga Borja Cárdenas, admitió la demanda de la terminal Benito Juárez, que le exige el pago de alrededor de 65 millones de pesos, mismo que el sindicato de taxistas que tiene la concesión para otorgar el servicio en la Terminal 1 y la Terminal 2 no ha pagado. El 29 de noviembre el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que comanda Edgar Bonilla, nombró visitador a Edson Ferreira. Sin embargo al experto le han impedido la entrada las huestes de Andrade Sánchez.  EN EL IMSS al parecer no aprenden porque siguen en la fiesta de la asignación de megacontratos a empresas que no cumplen y ponen el riesgo la atención de los derechohabientes. Ahora es el caso de Laboratorios San Ángel, de Arturo y Alberto Aguiñaga. Ganaron desde el mes de agosto ocho partidas para instalar equipos para estudios de laboratorio clínico y es día que aún no terminan. Por supuesto, los afectados son miles de pacientes en los estados de Colima, Sonora, Veracruz, Guerrero y la CDMX. Los Aguiñaga fueron beneficiados por la gente de Zoé Robledo con contratos de por lo menos 603 millones de pesos que debieron iniciar el 1 de noviembre pasado. Hay por supuesto funcionarios de delegaciones del IMSS que los protegen y que no exigen la rescisión de los contratos. SIGUE PENDIENTE EL arrendamiento de los cuatro aviones Boeing de 186 pasajeros que completarán la flota inicial de Mexicana de Aviación, que deberá surcar los aires, según ordenó Andrés Manuel López Obrador, el próximo 26 de diciembre. No se sabe nada de su contratación. La Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, no ha dado señales de tenerlas aseguradas. Los aparatos que ya están seguros son los dos Embraer, de apenas 50 asientos cada uno, que le rentaron a TAR, la aerolínea que dirige Ricardo Bastón. Por cierto que éstos se habrían rentado con un sobreprecio. El arrendamiento original fluctúa entre los 45 y los 50 mil dólares mensuales y se habla de que se pagará de 90 mil a 100 mil dólares al mes a la empresa de Miguel Franco. OTRO CONFLICTO EN el desarrollo hotelero de Cancún, es el que involucra al Grand Hyatt Cancún Beach Resort. La construcción de la obra quedó en fase negra porque un juez de distrito otorgó hace varios meses un amparo que detuvo su edificación. Se argumentó daños al medio ambiente. El promovente del recurso fue el abogado Pablo Andrei Zamudio Díaz. El asunto tiene muy contrariado al gobierno de Quintana Roo que encabeza Mara Lezama. Y es que la afamada cadena presidida por Mark Hoplamazian debió poner a operar esa propiedad de superlujo de 500 llaves, de las que 46 son de lujo y 28 cuentan con alberca privada, el año próximo año. La inversión suspendida ronda los 100 millones de dólares.  AYER LE DABA cuenta de Tecnologías Relacionadas con Energías y Servicios Especializados (Trese) y la pasada semana negra que tuvo. Culminó con la resolución de un Tribunal Colegiado que confirmó su quiebra, con lo que concluye una controversia de siete años.  El mandamás de la compañía, Ricardo Silva, se quedó con las ganas de cobrar unos 60 millones de dólares que el área jurídica de Pemex, a cargo de Luz María Zarza, depositó en un Juzgado de la Ciudad de México por el fletamento de una plataforma cuyo servicio dio la empresa Nuvoil, y que Trese reclamaba para sí. POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE