Luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 58 ganó el amparo a favor de 1 mil 106 ex trabajadores a quienes el Issstezac deberá pagar los aguinaldos correspondientes a 2021 y 2022, el secretario general Óscar Castruita Hernández informó que cuentan con un plazo de 72 horas para cumplir con el fallo. Detalló que serán cerca de 20 millones de pesos los que se tendrán que pagar a estos jubilados y pensionados que ganaron el recurso legal. Dijo que, una vez publicada la sentencia, esperan que sea el propio Tribunal Colegiado el que turne las instrucciones al Issstezac, para que se cumplan con los procesos administrativos, “se negaba el Instituto a pagar un derecho que les corresponde”. Calificó al gobierno del estado como insensible y en contra de los trabajadores, “hoy la justicia nos da la razón y con ello confiamos que en unos días más se vea reflejado el pago”. “Hoy callamos bocas, hoy les decimos a aquellos que se metieron con el sindicato es que se equivocan…hoy damos muestra que no perdemos ningún proceso, independientemente de las declaraciones del director, que además de insensata, torpe, expresa que les diga yo cómo pagar a los jubilados, yo no soy el director, yo represento los derechos de los trabajadores”, dijo. Reiteró que el Issstezac será el responsable de pagar a los pensionados y jubilados y de no tener los recursos, el gobierno del estado deberá hacerlo. Aseguró que no sólo alcanzará sólo para los representados por el SNTE sino que la jurisprudencia beneficie al 100 por ciento de los jubilados que fueron afectados “en el sindicato no lucramos con un derecho que les asiste”. Lamentó que a pesar de un año y medio que han señalado problemas económicos al interior del Issstezac, los directivos no han avanzado nada en la solución, lo que ha significado un retraso en la garantía de las condiciones para los 5 mil derechohabientes.   Con esta determinación se cierran los casos del año pasado, sin embargo, con la sentencia, el Sindicato promoverá para que ampare al resto de los ex trabajadores de la educación, que por alguna razón no llevaron un proceso legal.