Jalisco se mantiene como uno de los estados con mayor potencial para atraer inversión en México, gracias a su dinamismo económico, diversificación productiva y peso en el Producto Interno Bruto nacional; sin embargo, aún enfrenta importantes retos regulatorios que limitan el aprovechamiento pleno de oportunidades como el nearshoring, advirtió Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Al presentar el estudio “A romper barreras: cómo detonar la inversión en México”, enfocado en el caso de Jalisco, la especialista explicó que la entidad aporta cerca del 7.5 por ciento del PIB nacional y mantiene un crecimiento sostenido de alrededor del 1.4 por ciento anual, impulsado por sectores como el manufacturero, financiero, turístico y comercial. No obstante, señaló que factores externos, como la política arancelaria de Estados Unidos, así como la competencia con otras entidades del país, obligan a Jalisco a fortalecer su marco regulatorio para mantenerse atractivo frente a inversionistas nacionales y extranjeros. “El problema no es la falta de potencial, sino las barreras regulatorias y burocráticas que encarecen y retrasan la apertura y operación de empresas”, subrayó Moreno. De acuerdo con el análisis de México Evalúa, se identificaron alrededor de 550 oportunidades de mejora en trámites estatales y municipales relacionados con exportaciones, importaciones y operación de negocios en 72 ramas económicas y 96 actividades productivas, muchas de ellas vinculadas a sectores estratégicos como electrónica, transporte, manufactura y logística. La especialista detalló que una gran parte de estas barreras no requiere reformas legislativas profundas, sino ajustes simples en reglamentos, mayor claridad en trámites, digitalización de procesos y definición precisa de autoridades competentes. Entre los principales obstáculos detectados se encuentran normativas ambientales, códigos urbanos, licencias de operación, manejo de residuos, protección civil, leyes de agua y catastro. Moreno alertó que la demora en la obtención de permisos y licencias puede generar un costo de oportunidad de hasta 3 millones de pesos por empresa, debido al tiempo perdido para iniciar operaciones, particularmente en corredores industriales de municipios como Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, destacó que Jalisco tiene condiciones para liderar una transformación regulatoria a nivel nacional y convertirse en referente para otras entidades, siempre que se reduzcan las facultades discrecionales, se mejore la transparencia normativa y se otorgue mayor certeza jurídica a los inversionistas. “El estudio puede servir como una hoja de ruta no solo para Jalisco, sino para otros estados que buscan ser más competitivos y atraer inversión”, puntualizó.