Ciudad de México.— Sacar adelante una reforma procesal exige contrastarla con la práctica diaria, no con teoría de escritorio. Bajo esa lógica, el legislador federal Juan Carlos Valladares Eichelmann sostuvo una mesa de trabajo con Rafael Lobo Niembro, considerado el artífice de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el país. El perfil de Lobo Niembro respalda la consulta técnica. En 1999 fundó en San Pedro Garza García el primer Centro de Mediación Municipal en México; cuenta con el registro número uno del Poder Judicial de Nuevo León y, en el fuero federal, dirigió el Centro de Mecanismos Alternativos del PJF. A nivel internacional fue el primer mexicano certificado por el International Mediation Institute de La Haya, además de asesorar proyectos para el Banco Mundial y agencias de la ONU. El encuentro se concentró en la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo objetivo es agotar un intento real de arreglo antes de iniciar un juicio formal. “Una cosa es redactar un artículo en San Lázaro y otra muy distinta lidiar con la barandilla de un juzgado”, señaló Valladares al concluir la reunión. “Si queremos legislar con seriedad, hay que escuchar a quienes llevan un cuarto de siglo resolviendo pleitos frente a frente. La experiencia de Rafael Lobo nos ayuda a ver con claridad qué sí funciona en la práctica y qué fallas operativas no podemos repetir”. En la mesa coincidieron en que el reto no está en la redacción legal, sino en la calle: la reforma no debe convertirse en un trámite forzado ni en un cuello de botella. Se trata de ofrecer un espacio ágil donde las familias o particulares solucionen controversias en semanas y no en litigios que suelen prolongarse tres o cuatro años. Durante la revisión se abordaron tres temas críticos:

* La validez legal inmediata de los acuerdos que se firmen.

* Reglas claras para certificar a los facilitadores públicos y privados.

* Presupuesto e infraestructura mínima para no saturar los centros de mediación locales. Valladares subrayó que la propuesta empata con una exigencia social directa: quitarle trabas a la gente. “Si dos personas quieren llegar a un acuerdo sensato, la ley debe darles la salida más rápida, no obligarlas a desgastar su patrimonio en un tribunal”.

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El legislador potosino mantendrá abiertos estos encuentros con barras de abogados, jueces y especialistas antes de que la Comisión de Justicia dictamine la reforma.