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Acusan violaciones al debido proceso
12:43 viernes 5 junio, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP. – Una jueza federal concedió la suspensión provisional a una profesora de la carrera de Criminología, tras advertir que las medidas restrictivas impuestas en su contra por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la universidad local podrían ser excesivas, desproporcionadas y violatorias de los principios de legalidad y debido proceso.
Las sanciones aplicadas a la docente tuvieron su origen en una serie de quejas presentadas por alumnos. Sin embargo, la autoridad judicial detectó que las restricciones se dictaron sin que mediara una investigación formal previa, sin otorgar a la afectada el derecho de audiencia o legítima defensa y, de manera central, por parte de un órgano que carece de las facultades legales para sancionar. De acuerdo con el expediente del juicio de amparo, el órgano que emitió la resolución fue el Consejo Técnico Consultivo de la entidad académica. No obstante, la resolución judicial subraya que dicha instancia no posee la competencia jurídica interna para aplicar este tipo de medidas disciplinarias.
La resolución de la jueza federal no solo frena temporalmente las medidas contra la docente, sino que expone una contradicción de fondo en una de las escuelas más importantes de la entidad. El caso ha trascendido la esfera individual debido a que ocurre precisamente en la facultad encargada de formar a los futuros abogados, jueces, fiscales y defensores del estado. "Resulta difícil no advertir la contradicción de que quienes enseñan que toda autoridad sólo puede actuar dentro de las facultades que la ley le otorga terminen adoptando decisiones cuya base competencial parece inexistente", señala el análisis del caso. Aunque la suspensión provisional otorgada no resuelve de forma definitiva el fondo del juicio de amparo, el dictamen deja en claro que existen los elementos suficientes para presumir anomalías graves en el actuar de las autoridades universitarias, teniendo que intervenir la Justicia Federal para exigir el respeto a las garantías constitucionales dentro de las aulas de leyes.
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