Cívica, Confederación Queretana de Organizaciones Civiles, y Justicia Digna presentaron un posicionamiento centrado en los feminicidios de Perla y Gemma, además de violencia institucional en Querétaro, al señalar una respuesta insuficiente del Estado ante la violencia de género.  Justicia Digna informó que una de sus integrantes enfrenta un proceso jurídico por una violación cometida por un ginecólogo durante una consulta privada y que, al igual que en otros casos, la fiscalía le solicitó guardar silencio. “El llamado cuidado del debido proceso no puede convertirse en un argumento para la opacidad ni para el silencio institucional”, señaló al explicar que esta práctica limita el acceso a la justicia.  Sobre el feminicidio de Gemma, Cívica indicó que se trata de una víctima de feminicidio cuyo expediente fue clasificado como homicidio por la fiscalía estatal. La organización afirmó que esta decisión refleja fallas en la investigación con perspectiva de género y expone a las familias a procesos prolongados sin claridad. Señalaron que la familia no reside en Querétaro y han enfrentado dificultades para dar seguimiento al caso, situación que las colectivas señalaron como una barrera frecuente para víctimas indirectas. Cívica mencionó que han impulsado un laboratorio sobre las otras violencias en el estado de Querétaro, un ejercicio ciudadano que permitió visibilizar las violencias que no siempre son evidentes, pero que atraviesan la vida cotidiana de las personas. “La violencia institucional, la omisión, la dilación y la normalización de la impunidad” Las colectivas también expresaron su respaldo a la familia de Perla Citlali y a los familiares de Gemma, y señalaron que el acompañamiento busca evitar la revictimización y exigir información clara. “Cuando las autoridades callan, dilatan o evitan dar respuestas, lo que se produce no es cautela jurídica, es violencia institucional”.