La Justicia española aceptó aplazar más de dos semanas la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer jefe o exjefe de gobierno imputado en el país.

La Audiencia Nacional informó que la comparecencia, prevista inicialmente para el 2 de junio, se trasladará a los días 17 y 18 del mismo mes, atendiendo la solicitud de la defensa del exmandatario socialista, que pidió más tiempo debido a la magnitud del sumario.

La investigación se centra en el denominado “caso Plus Ultra”, que analiza si Zapatero intervino, a cambio de dinero, en el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) durante la pandemia de Covid-19.

El expresidente asegura ser inocente, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez, también socialista, negó haber actuado de manera irregular. “La decisión del rescate fue absolutamente transparente y totalmente adecuada al procedimiento establecido”, declaró en conferencia de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

La cercanía entre Sánchez y Zapatero ha generado interrogantes sobre el papel del gobierno, que insistió en la necesidad de respetar la presunción de inocencia. 

Uno de los principales principios que sostienen un Estado de derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero”, afirmó Saiz.

El sumario sitúa a Zapatero al frente de una estructura organizada que habría mediado con organismos públicos para obtener beneficios, utilizando una red de empresas y colaboradores que canalizaban pagos, entre ellas una sociedad vinculada a las hijas del exdirigente de 65 años.

La trama habría operado no solo en España, sino también en Venezuela. Entre los hallazgos más llamativos de la investigación figura una caja fuerte de Zapatero en la que se encontraron numerosas joyas de valor desconocido, que su entorno atribuyó a herencias familiares.

Enfrentamientos en Madrid durante protesta contra Pedro Sánchez

Al menos siete agentes de policía resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes, según informaron las autoridades, mientras decenas de miles de personas marchaban el sábado por las calles de Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras varios escándalos de corrupción.

Un reducido grupo de manifestantes intentó derribar las barreras que rodeaban la residencia de Sánchez, aunque la protesta fue en gran medida pacífica.

La policía detuvo a varias personas enmascaradas en la carretera principal que conduce al Palacio de la Moncloa, donde reside el líder socialista junto a su familia. Tres individuos fueron arrestados, informó la policía, y las imágenes fueron difundidas por la televisión española.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “Disolución de la mafia socialista” y otros eslóganes, además de numerosas banderas nacionales amarillas y rojas, en el marco de la “Marcha por la Dignidad”, organizada por la asociación Sociedad Civil.

En la movilización participaron también dirigentes del opositor Partido Popular y del partido de extrema derecha Vox.

Un tribunal español anunció que el exprimer ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero estaba siendo investigado por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, lo que supone otro golpe para el actual gobierno de izquierdas. Zapatero, aliado clave de Sánchez, negó haber cometido delito alguno.

Sánchez consideró brevemente renunciar en abril de 2024, después de que un juez abriera una investigación contra su esposa, Begoña Gómez. El presidente defendió públicamente a su familia, asegurando que los casos tienen motivaciones políticas y son impulsados por sectores de extrema derecha.

Gómez niega cualquier irregularidad y, el mes pasado, un fiscal español pidió al juez instructor que archivara el caso, presentado por grupos de extrema derecha.

Los organizadores de la protesta afirmaron que participaron 80 mil personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid estimó la cifra en unas 40 mil.

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Con información de Excélsior