Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a habitantes cercanos al tiradero a cielo abierto conocido como "El Zapote". La resolución obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar acciones inmediatas para prevenir daños a la salud y al entorno ecológico.

El Juicio de Amparo Indirecto 474/2026-IV, admitido por la jueza Aracely del Rocío Hernández Castillo, titular del Juzgado Sexto de Distrito, reconoce el interés legítimo de los vecinos y prioriza el derecho fundamental a un medio ambiente sano sobre cualquier interés comercial u operativo.

La jueza determinó no exigir garantía económica a los quejosos. Esta decisión se fundamenta en que el caso no busca proteger intereses particulares de lucro, sino salvaguardar la vida y la integridad física de las familias que residen en el "entorno adyacente" al basurero.

La demanda presentada por los vecinos no solo señala al operador del tiradero, sino que denuncia una cadena de omisiones graves por parte de instituciones clave. Los habitantes acusan la falta de vigilancia efectiva y el incumplimiento sistemático de la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual regula las especificaciones de protección ambiental para la disposición final de residuos.

Entre las autoridades señaladas como responsables de esta inacción se encuentran Profepa por la falta de sanciones federales ante irregularidades detectadas; la Segam y el Ayuntamiento de Soledad.

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Con la suspensión provisional, las dependencias involucradas están obligadas desde ahora a desplegar brigadas de salud y peritajes ambientales en la zona.