Revive el caso de Ayotzinapa, y lamentablemente no para hacer justicia, sino para cumplir un fin político. En el momento de su detención, el exprocurador Jesús Murillo Karam, dijo sereno al oficial investigador que le leyó sus derechos “no es penoso, es político”. Y cuánta razón tiene.

La mal llamada “Verdad Histórica” de Murillo aseguraba que los 43 normalistas fueron detenidos por policías corruptos de Iguala. Los entregaron a la banda de los Guerreros Unidos. Ellos los mataron e incineraron en el basurero de Cocula y arrojaron sus cenizas al río San Juan. Desde entonces sabíamos que esta explicación tenía más hoyos que un queso gruyere.

Pero, durante los años subsecuentes López Obrador y sus voceros usaron este caso y las inconsistencias como una bandera de campaña con la que se prometía esclarecer los hechos y hacer justicia al llegar al gobierno. A cuatro años de ello, se publica el informe de la 4T, que presenta una verdad, más que “verdadera” o “histórica”, brutal: Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado.

Pero aquí es donde la cosa se torna más de grilla que justiciera. La colusión de autoridades de gobierno, policías y militares, implica el llamado a cuentas de los servidores o exservidores involucrados. Uno de ellos, es Murillo Karam, a quien se le acusa de tortura y fabricación de evidencias para cuadrar su informe. Esto ha salpicado a otros funcionarios que supuestamente participaron en un conclave para sustentar la “Verdad Histórica”, entre ellos algunos alfiles de la 4T, como Omar García Harfuch, y algunos mandos medios militares.

Todo esto demuestra dos cosas: primero, que la justicia en México es selectiva, porque si Ayotzinapa en verdad es un crimen de estado tendrían que llamar a comparecer a altos perfiles como el expresidente Peña Nieto y el exsecretario de la Defensa, el General Cienfuegos. Pero no, ahí dice el presidente que no se va a enfrascar en el pasado. Y segundo, que se va a castigar a los funcionarios que encubrieron la verdad, mas no a los asesinos. Ergo, esto se trata de un tema político, no de procuración de justicia.

AMLO no podía terminar su presidencia sin presentar una postura sobre Ayotzinapa, pero sobre todo sin achacar la culpa al gobierno antecesor, porque claramente no puede traer justicia a los familiares de los normalistas desaparecidos. Es más fácil castigar al régimen anterior por construir una verdad a modo que le liberara de responsabilidades, que ubicar, detener y juzgar a quienes mataron a los normalistas. O ya de perdido, encontrar sus restos. Ese sí sería un acto de moralidad, y no de vil politiquería.

Israel Navarro es Estratega Político del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Twitter @navarroisrael