Existe una de las grandes ilusiones de la política contemporánea que consiste en hacernos creer que todo puede garantizarse sin que nadie tenga que renunciar a nada, que cualquier necesidad puede convertirse en un derecho financiado por el Estado y que la prosperidad es una especie de recurso inagotable que solo necesita distribuirse de otra manera para alcanzar a todos. La receta es seductora: más subsidios, más prestaciones, más protección, más gasto público y menos sacrificios individuales. Si las cuentas no cuadran, siempre aparece un culpable conveniente: los empresarios, los ricos, las grandes fortunas o ese capitalismo al que se responsabiliza de todos los males, incluso de aquellos que tienen su origen en decisiones políticas. La promesa es moralmente impecable mientras nadie pregunte cuánto cuesta; electoralmente rentable mientras alguien crea que otro pagará la factura. Pero hay una diferencia fundamental entre gobernar para ganar elecciones y gobernar para garantizar la prosperidad de una nación: las urnas pueden premiar una promesa; la economía termina exigiendo resultados.

El socialismo utópico encontró hace mucho tiempo una fórmula extraordinariamente eficaz para conquistar voluntades: convertir aspiraciones legítimas en promesas de satisfacción prácticamente ilimitada, presentar la redistribución como una solución suficiente para los problemas de la sociedad y tratar cualquier objeción presupuestaria como una falta de sensibilidad hacia los más vulnerables. El problema no es aspirar a reducir la pobreza ni reconocer que existen desigualdades injustas; el problema es confundir la voluntad de resolverlas con la capacidad real de hacerlo. Una sociedad puede debatir cuánto desea proteger a sus ciudadanos, qué servicios debe garantizar y qué impuestos está dispuesta a pagar, pero no puede abolir la escasez mediante un discurso. La riqueza no aparece en las arcas públicas por decreto, los recursos no se multiplican porque una prestación reciba el nombre de derecho y la deuda no deja de ser deuda porque el dinero se destine a una causa popular. La primera gran ficción del populismo redistributivo es hacernos creer que repartir constituye, por sí mismo, una política de prosperidad.

Francia ofrece una de las demostraciones más incómodas de esta contradicción. En 2017, Emmanuel Macron llegó a la presidencia con una plataforma centrista que prometía modernizar la economía, estimular la inversión y reformar el Estado; no era un socialista clásico, y sería intelectualmente deshonesto presentarlo como tal. Sin embargo, después de casi una década de presidencia, el país sigue sin resolver sus desequilibrios fiscales estructurales. Según el INSEE, el instituto oficial de estadística francés, el déficit público alcanzó los 152.500 millones de euros en 2025, equivalentes al 5,1 % del PIB, mientras que la deuda pública ascendió al 115,6 % de la producción nacional, frente al 112,6 % de 2024 y el 109,5 % de 2023. El gasto público representó el 57,2 % del PIB y la presión fiscal llegó al 43,6 %. Son cifras que describen una estructura estatal enorme, una deuda creciente y un desequilibrio presupuestario que permanece muy por encima del límite del 3 % establecido por las reglas fiscales europeas. La pandemia, la crisis energética, las decisiones tributarias y las políticas de gasto explican parte de esta evolución, pero no eliminan la responsabilidad de los gobiernos de establecer una trayectoria sostenible. Macron prometió reformar Francia; su presidencia termina marcada por la dificultad de reconciliar las ambiciones de su modelo social con la capacidad de financiarlo.

La factura ya no es una abstracción contable. El 20 de octubre de 2026, el rendimiento del bono francés a diez años rondaba el 4,88 %, después de haber rozado el 5 %, mientras que la diferencia respecto al bono alemán se situaba en torno a 150 puntos básicos. En términos financieros, esto significa que los inversores exigen una rentabilidad mayor para asumir el riesgo de prestar dinero al Estado francés frente al referente alemán. No significa que Francia esté en quiebra ni que una suspensión de pagos sea inevitable, pero sí revela una pérdida de confianza relativa en un contexto de incertidumbre política, deuda elevada y dificultades para aprobar reformas. Cada euro destinado al pago de intereses es un euro que deja de estar disponible para otros usos presupuestarios, y cuanto mayor es el volumen de deuda que debe refinanciarse, más sensible se vuelve el Estado a los cambios en las condiciones financieras. Lo verdaderamente paradójico es que una estructura pública diseñada para garantizar protección puede terminar reduciendo su propia capacidad de proteger cuando el coste de sostenerla se vuelve demasiado elevado. El Estado del bienestar no desaparece de un día para otro; empieza a perder margen de maniobra, obliga a negociar prioridades y convierte decisiones que antes parecían políticamente intocables en problemas presupuestarios inaplazables.

La crisis política francesa añade otra dimensión. La fragmentación parlamentaria ha dificultado la aprobación de presupuestos y reformas, mientras el Gobierno de Sébastien Lecornu intenta responder a la presión social y a los recientes disturbios. Macron se encuentra ante las consecuencias políticas de una presidencia que no ha logrado construir un consenso duradero sobre cómo financiar y reformar el Estado. No sería correcto afirmar que todas las protestas se explican por el gasto social, ni que quienes salen a las calles comparten una única ideología. El coste de vida, las tensiones distributivas, las condiciones educativas y la desconfianza institucional forman parte de un escenario más amplio. Pero existe una pregunta que merece plantearse sin complejos: ¿qué sucede cuando un Estado acostumbrado a prometer protección descubre que sus recursos son limitados, sus ciudadanos desconfían de sus dirigentes y sus representantes no consiguen ponerse de acuerdo sobre quién debe asumir el coste de corregir los desequilibrios? La respuesta no es necesariamente una quiebra, pero sí puede ser una combinación de parálisis, encarecimiento de la deuda, recortes, mayores impuestos y pérdida de legitimidad política. El problema no es que la realidad económica se vuelva injusta; es que la política haya prometido durante demasiado tiempo que no sería necesario elegir entre alternativas difíciles.

La cuestión de fondo es que el Estado puede redistribuir riqueza, pero no crearla por el simple hecho de anunciar una transferencia. Antes de financiar hospitales, pensiones, escuelas, infraestructura y programas de asistencia se necesita una economía capaz de generar ingresos, empleo, inversión y productividad. Cuando el gasto crece persistentemente más deprisa que los recursos disponibles, las alternativas no desaparecen: hay que recaudar más, recortar otras partidas, endeudarse o reformar los compromisos adquiridos. El endeudamiento puede ser una herramienta legítima para financiar inversiones productivas o responder a una emergencia, pero utilizarlo de manera recurrente para cubrir compromisos permanentes sin ingresos suficientes equivale a trasladar parte de la factura al futuro. Y cuando ese futuro llega, los costes recaen sobre contribuyentes, trabajadores y generaciones que quizá ni siquiera participaron en las decisiones originales. El déficit es, muchas veces, la distancia entre lo que la política promete hoy y lo que la economía podrá pagar mañana.

Por eso resulta tan peligrosa la utilización electoral de los programas sociales. Una prestación bien diseñada puede reducir la pobreza, facilitar el acceso a la educación, mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades de quienes parten de condiciones desfavorables. No hay nada económicamente sensato en negar esa posibilidad, como tampoco lo hay en suponer que toda transferencia genera dependencia. El verdadero debate consiste en saber si los recursos están bien dirigidos, si los resultados justifican sus costes y si los programas ayudan a las personas a desarrollar capacidades que les permitan alcanzar una mayor autonomía económica. Cuando el éxito político se mide por el número de beneficiarios anunciados, pero no por la reducción sostenible de la pobreza, la mejora de la productividad o la incorporación al empleo formal, la política corre el riesgo de convertir la asistencia en una relación de dependencia institucional. Y cuando un gobernante necesita ampliar continuamente las prestaciones para conservar apoyo, puede aparecer un incentivo perverso: resulta electoralmente más atractivo anunciar un nuevo beneficio que reconocer que una política anterior no funcionó, que debe reformarse o que no existe dinero suficiente para mantenerla. El ciudadano termina siendo tratado como un receptor de beneficios antes que como una persona cuya libertad y capacidad de progresar deberían constituir el objetivo de la política pública.

España ofrece una advertencia relevante, aunque sus resultados económicos no sean idénticos a los franceses. Bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la economía española ha mostrado un crecimiento sólido en los últimos años y ha conseguido reducir la deuda pública en relación con el PIB desde el máximo alcanzado durante la pandemia. Sería absurdo ignorar esos resultados o afirmar que España ha fracasado en todos los ámbitos. Sin embargo, la fotografía fiscal sigue planteando preguntas importantes: la OCDE situó el déficit público español en el 3,2 % del PIB y la deuda en el 101,8 % en 2024. El organismo también advirtió que, sin reformas adicionales, el envejecimiento de la población y el incremento de las pensiones ejercerán una presión considerable sobre las finanzas públicas. Sus proyecciones estiman que el gasto en pensiones aumentará alrededor de 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, hasta alcanzar el 16,1 % del PIB en ese último año. Además, el gasto asociado al envejecimiento —incluidos otros servicios públicos— podría elevarse aún más. No se trata de afirmar que las pensiones sean un privilegio injustificado, sino de reconocer que su sostenibilidad depende de la evolución del empleo, los salarios, las cotizaciones, la productividad y la demografía.

El problema español no es que todo gasto social sea improductivo ni que cualquier aumento de las prestaciones conduzca automáticamente al desastre. Es que la política puede caer en la tentación de presentar cada nueva obligación como una conquista definitiva, sin explicar con el mismo rigor cómo se financiará dentro de diez, veinte o treinta años. Una economía puede crecer y recaudar más, pero eso no garantiza que sus compromisos futuros estén cubiertos. La OCDE advierte que España necesita mejorar la productividad, facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, reducir cargas regulatorias innecesarias y reforzar su estrategia fiscal a medio plazo. También señala que el aumento de las cotizaciones sociales, si se utiliza como respuesta principal al coste de las pensiones, puede encarecer el empleo y perjudicar la contratación. En otras palabras, no basta con recaudar más: hay que crear las condiciones para producir más valor, generar empleos mejor remunerados y financiar las obligaciones públicas sin debilitar la base económica de la que dependen. Una política que distribuye sin cuidar la capacidad de producir termina comprometiendo precisamente aquello que necesita para seguir distribuyendo.

Aquí es donde la crítica al socialismo utópico adquiere su mayor relevancia. No porque toda intervención estatal sea condenable ni porque el mercado resuelva automáticamente cada problema, sino porque cualquier proyecto que prometa resultados materiales sin considerar sus condiciones de posibilidad termina sustituyendo el análisis económico por una narrativa moral. La igualdad de oportunidades no equivale a garantizar resultados idénticos; la solidaridad no exige ignorar los incentivos; y la protección social no debería convertirse en una excusa para postergar indefinidamente las reformas. El capitalismo, con todas sus imperfecciones, reconoce un principio fundamental: la creación de riqueza requiere iniciativa, inversión, innovación, competencia y asunción de riesgos. Cuando existen reglas claras, derechos protegidos e instituciones capaces de limitar los abusos, la actividad empresarial puede generar empleo, elevar la productividad y ampliar la base fiscal que financia los servicios públicos. Los mercados también pueden fallar, concentrar poder o producir externalidades que exijan regulación, pero el Estado tampoco es inmune a la corrupción, la ineficiencia, la captura política o los incentivos perversos. La solución no consiste en idealizar al mercado ni en convertir al Estado en una entidad omnipotente, sino en reconocer que ambos necesitan límites, transparencia y rendición de cuentas. La libertad económica no significa ausencia de reglas; significa que las personas y las empresas tienen un espacio real para crear valor, competir y asumir las consecuencias de sus decisiones.

Lo verdaderamente preocupante es que la política contemporánea haya convertido la promesa en una moneda de cambio cuyo coste puede aplazarse durante años. Se anuncian beneficios hoy, se posponen las decisiones difíciles y se confía en que el crecimiento futuro resolverá las inconsistencias del presente. Pero el crecimiento no está garantizado, los tipos de interés pueden cambiar, la población envejece y las obligaciones públicas se acumulan. Cuando finalmente resulta necesario ajustar las cuentas, los gobiernos descubren que cada recorte tiene un coste electoral, cada impuesto genera resistencia y cada reforma amenaza intereses organizados. Entonces la discusión deja de girar en torno a qué sociedad queremos construir y pasa a centrarse en quién tendrá que renunciar a qué. Francia muestra la dificultad de sostener un modelo público muy amplio en medio de desequilibrios fiscales y fragmentación política; España recuerda que el crecimiento económico, aunque necesario, no elimina los riesgos de largo plazo. Ninguno de los dos casos demuestra que toda política social esté condenada al fracaso, pero ambos exigen una discusión adulta sobre financiación, eficiencia, incentivos y responsabilidad intergeneracional.

Al final, la verdadera irresponsabilidad no consiste en aspirar a una sociedad más justa, sino en prometer que esa justicia puede alcanzarse ignorando la productividad, los costes, los incentivos y los límites de los recursos disponibles. Una sociedad civilizada debe proteger a quienes lo necesitan, pero también debe garantizar que podrá seguir haciéndolo mañana; debe combatir la pobreza, pero no confundir la transferencia de dinero con la solución permanente de sus causas; debe perseguir oportunidades más amplias, pero sin destruir los incentivos que permiten crearlas. La política puede aplazar decisiones, cambiar nombres, atribuir responsabilidades a sus adversarios y presentar cada ajuste como una injusticia. Lo que no puede hacer es abolir la relación entre los recursos disponibles y los compromisos adquiridos. La historia no coloca siempre las cosas en su justo lugar de inmediato, ni lo hace sin sufrimiento; a veces las consecuencias tardan años en aparecer y otras irrumpen en forma de deuda, estancamiento, pérdida de confianza o conflicto social. Pero las restricciones económicas no desaparecen porque un gobierno tenga buenas intenciones ni porque una promesa haya sido aprobada por mayoría.

La economía no necesita vengarse de ninguna ideología; le basta con imponer las restricciones que ninguna ideología puede eliminar. Se puede redistribuir riqueza, pero primero hay que crearla; se puede proteger a los ciudadanos, pero hay que financiar esa protección; se puede perseguir una sociedad más justa, pero no abolir la escasez mediante un decreto. La política puede vender la ilusión de que todo está garantizado, pero cuando los ingresos no alcanzan, la deuda crece y los intereses absorben una parte cada vez mayor del presupuesto, el discurso pierde su capacidad para ocultar los resultados. Entonces llega el momento de reformar, recaudar más, gastar menos o seguir aplazando una factura que terminará siendo más costosa. La economía no tiene memoria electoral, no concede indulgencias ideológicas y no acepta promesas como medio de pago. La política puede prometer el paraíso; la realidad, tarde o temprano, presenta la factura.

SOBRE LA FIRMA

               Columnista en #Globalmedia desde el 2018

               Escribe sobre economía y politica nacional e internacional.

               Economista, Doctor en Adminstración con experiencia en Mercados

Financieros.