Ahora que mucho se ha especulado sobre la posibilidad, al menos como versión, de que un familiar cercano del gobernador estuvo involucrado en la golpiza que propinaron varios individuos a un joven universitario, vale la pena que de inmediato se aclare si es que eso es verdad y qué grado de parentesco alcanza quien ahora es señalado. Si bien es cierto que el gobernador no es el responsable de todo lo que los ciudadanos hacemos en la entidad, si es el responsable de garantizar el derecho humano al libre tránsito y a la sana convivencia, especialmente en los espacios creados para tal efecto.

Por esta y muchas otras razones, sería pertinente que por salud mental del gobernador, de la esperada buena marcha del gobierno en su conjunto, y de que este hecho no se convierta en el punto de quiebre de una administración carente de fortalezas, que se aclare si es que está involucrado un familiar del mandatario estatal, y si no también que se diga para que se ocupe de resolver los problemas de los zacatecanos. Será muy prudente que la fiscalía, a pesar del sigilo de la investigación, resuelva esa situación, que no es menor, porque si no se aplica la ley, pensando en que si pudo ser un familiar cercano al poder, la credibilidad del inquilino del palacio de gobierno quedará por los suelos y muy difícilmente podrá levantarse. Lo más razonable, por sanidad de la familia, por sanidad política del estado y para dar una muestra de que no existe impunidad en Zacatecas, al menos en este gobierno; es que los papás de jóvenes involucrados en la golpiza, pongan a sus hijos a disposición de las autoridades y se esclarezcan los hechos. No es cosa menor lo que hoy asome como un halo de oscuridad en las familias de esos involucrados. Además hay jóvenes que pueden ser hijos de dirigentes de partidos políticos que su discurso en los últimos años ha sido de respeto a la ley y que no haya impunidad. El juez por su casa empieza, y más cuando se es dirigente de un partido político con clara tendencia religiosa. La honestidad debe prevalecer. También, cuando existe la inquietud de que hay jóvenes hijos de destacados empresarios, que una de sus actividades comerciales es la de evitar que las personas alcoholizadas manejen y pongan en riesgo la vida de los demás. Deben abrirse a la investigación y predicar con el ejemplo. También se debe aclarar si en el evento violento estuvieron involucrados policías estatales presuntamente comisionados a ser escoltas de los jóvenes, porque si eso es cierto, existen responsabilidades también sobre el secretario de seguridad pública que autorizó esa comisión sin acatar las disposiciones legales. Menudo reto del Fiscal General de Justicia, pero menudo reto para las familias de los involucrados. ¿Tendrán la suficiente honestidad para responsabilizar a sus hijos?. Hoy hablamos de una vida producto de una actitud violenta. Si bien es cierto, no murió de inmediato producto de los golpes, murió dos meses y medio después de los hechos, y deben existir en su teléfono, testimonios y mensajes que pueden aclarar las amenazas que pudieron propiciar el desenlace fatal. Hoy es una vida truncada, ojalá que el poder y la política no alienten la impunidad. Que se aclare todo y se terminen las especulaciones, es lo que todos esperan.