Necesitamos una política de Estado en materia de Movilidad, representa el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, de los municipios de la Zona Metropolitana y del Poder Legislativo.

Hace poco más de dos años, se advertía la necesidad de contar con una política integral en materia de movilidad, que incluyera una ley que llevaba entonces dos legislaturas en discusión, ahora ya son tres periodos. Además, que el Gobierno del Estado destinara recursos para una secretaria de movilidad y generara certeza en la construcción de infraestructura, junto con una reorganización del transporte público, que a la fecha no tenemos. De parte de los municipios implicaba lineamientos claros en el orden vial, las ciclo vías y el tránsito, algo que va lento.

Una política de estado implica la orientación de las acciones de los tres órdenes de gobierno en un fin común. Primero, tener claridad en la responsabilidad de cada nivel y capacidad institucional, ya que la movilidad como acción pública es un tema reciente en México; es decir, a quién le toca qué. Después, definir el objetivo común, por ejemplo, disminuir los tiempos de traslado mediante programas, recursos y acciones.

El tema de la movilidad es muy diverso y podría ser complejo, incluso su falta de claridad desde el gobierno podría llevar acciones que generen más problemas que soluciones, sobre todo de tráfico. Desde la academia, se ha observado que el concepto ha tenido al menos cuatro acepciones, primero como problema, después como estrategia, mas tarde como derecho, se entiende como actividad, y ahora, con el uso de las tecnologías es considerado en algunas ciudades como servicio.

¿Qué acciones se requieren desde diferentes niveles? integradas a nivel metropolitano, de tal manera que se conforme una Política de Estado en Movilidad.

A nivel municipal, una reingeniería vial, las principales calles que tenemos y que conectan un municipio con otro, se han convertido en las únicas entradas hacia el centro; necesitamos balancear nuestro sistema vial para, de verdad, tener vías alternas. Adicionalmente, se requieren que las vialidades principales tengan flujo constante, es decir, no deben tener semáforos, con carriles exprés y que conecten distancias largas. Finalmente, existir un balance en la oportunidad de escoger en qué queremos movernos, para ello debemos recuperar la escala peatonal, invertir en ciclo vías, disminuir el estacionamiento en vialidad; todo ello, permitirá aprovechar y ampliar la capacidad de nuestro sistema vial.

A nivel estatal, seleccionar e invertir en los proyectos de escala metropolitana, garantizar la conexión de los sistemas viales. La principal aportación a este nivel es contar con un Sistema Integrado de Transporte Público. El desarrollo de plataformas digitales que permitan pagar con una misma “moneda”, en otras palabras, mediante una tarjeta o aplicación podamos trasbordar entre un camión, el taxi o incluso el metrobus.

A nivel federal, lo más importante es la certeza jurídica de la inversión para la movilidad productiva, es decir, generar infraestructura, equipamiento logístico y en general condiciones para garantizar a gran escala, el desplazamiento de las personas y las mercancías hacia las empresas.

El Congreso por su parte, debe legislar, actualizar, armonizar y garantizar que el poder Ejecutivo canalice recursos y entregue resultados de impacto a la movilidad. La actualización de leyes es el punto de partida para tener claridad del enfoque que se debe dar a la movilidad.

Pasamos de un siglo a otro, de una dé cada de crecimiento a otra, estamos superando una pandemia, y parece que la movilidad sigue igual, un incremento constante del tiempo de traslado y de los costos asociado. Es necesario una amplia coordinación entre municipios y con los poderes ejecutivo y legislativo del estado para mantener la competitividad urbana. Lo más importante es comenzar a movernos, al mismo tiempo y hacia el mismo lado.