Siempre ha maravillado la lectura de la Democracia en América, de Alexis de Tocqueville, un gran tratado de ciencia política y del funcionamiento de las instituciones públicas norteamericanas, basado en la sensible observación de un viajero francés, de mente aguda y brillante.

La legendaria obra acuñó diversas frases lapidarias en torno al ejercicio del poder público de una nación que, en el tiempo en que fue escrita esta obra, recién empezaba su camino por la historia, para ser modelo de una forma de ejercer el poder.

Para los interesados en el Derecho Constitucional llaman mucho la atención los pasajes relacionados con la Corte Suprema y, en general, con el Poder Judicial de los Estados Unidos. Una de las reflexiones más célebres de este noble galo deriva, precisamente, de la revisión judicial que los tribunales hacen respecto de las leyes alejadas e incluso contrarias a la Constitución. A fuerza de los golpes de la jurisprudencia, la ley inconstitucional no queda destruida, sino que va perdiendo la fuerza moral que la haría perecer poco a poco.

La visión de De Tocqueville es explicar cómo funciona la democracia en Estados Unidos desde varias aristas, una de ellas, desde el Poder Judicial. Deja en claro que, en forma discreta, se vuelve en árbitro cuando la política deja de ser la opción, pero jamás sin pretender asumir el papel del Ejecutivo, mucho menos, el del Legislativo.

Este modelo -para bien o para mal- fue el elegido por las democracias liberales alrededor del mundo para diseñar sus constituciones, incluyendo el caso de México. A pesar de sus cientos de cambios, en el texto de nuestra Constitución vigente pueden aún hallarse no sólo las palabras, sino el espíritu de los constituyentes de Filadelfia.

Pero en los tiempos actuales, la tentación de los gobernantes unipersonales de imponerse sobre los demás poderes públicos, ha dado lugar a una de las camadas más abundantes e irascibles que se haya visto desde los autoritarismos de la primera mitad del siglo XX.

En días recientes, la atmósfera enervada del triunfo de Trump, como presidente de los Estados Unidos, ha permitido episodios como el siguiente: en un afán por recortar presupuestos y gobernar a punta de decretos presidenciales, la actual administración norteamericana ha ordenado la desaparición de lo que se conoce como agencias independientes -algo así como los organismos constitucionales autónomos que en México existían hasta hace poco tiempo, valga la comparación-

Una de esas agencias es la Oficina Jurídica Especial de Estados Unidos, responsable de proteger el servicio civil federal y la investigación de prácticas de corrupción en el propio gobierno. Una de las características de esta agencia es la independencia del titular debido al período para el que fue nombrado. En el caso, el abogado Hampton Dellinger fue designado en 2024 para el cargo el cual concluye en 2029.

También, al igual que en el caso mexicano, estos organismos han caído en la mira de actores políticos que los acusan no sólo de representar un gasto superfluo e ineficiente para el erario público, sino -quizá más grave- de ser también parte de un “Estado profundo”, empeñado en subvertir la voluntad del pueblo y sus representantes electos.

A Trump se le ocurrió destituir a este funcionario, el cual acudió a la justicia federal de la que obtuvo una orden judicial de restricción de la jueza de Distrito Amy Berman Jackson, bajo el argumento esencial: “… la clara intención del Congreso de garantizar la independencia del Consejo Especial y aislar su trabajo de ser golpeado por los cambios políticos”.

La respuesta -iracunda y prepotente, como podía esperarse- del Gobierno fue que, dicho mandamiento judicial era un asalto al principio de división de poderes y que tribunales inferiores pretenden apoderarse del Poder Ejecutivo. Lo cual se contradice cuando el propio Gobierno le exige a la Corte Suprema de los Estados Unidos intervenga en el asunto para coartar la independencia judicial de la misma jueza Berman.

De nuevo, los paralelismos con nuestro país son notables: este año tendremos una nueva judicatura; no sabemos si los pros del nuevo diseño superarán a los contras, si será más o menos eficiente, más o menos comprometida con la protección de los más vulnerables. Lo que sí sabemos con certeza es que será más débil; los embates recibidos por juzgadoras y juzgadores a todos niveles en los últimos años han mermado una legitimidad que no podrá restaurarse con un día -de fiesta o funeral- de jornada electoral. Los órganos que ya no serán constitucionalmente autónomos no podrán -es verdad- frustrar la voluntad de los representantes del pueblo, pero tampoco podrán detener sus ambiciones personales, si es que desean perseguirlas.

Este asunto es una muestra de lo que se avizora para la justicia norteamericana -y también la mexicana- cuando desde el gobierno se le considera, ya no como la rama menos peligrosa del poder público, sino como una rama insignificante del Estado.

POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN