En los negocios de menor tamaño, la aplicación de la llamada Ley Silla ha resultado más sencilla y rápida; sin embargo, en las grandes empresas de San Luis Potosí el proceso se ha visto más complejo debido a los costos y la organización que implica. Así lo explicó Daniel Escobedo, presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac), quien precisó que la dificultad no está en la disposición de cumplir, sino en las condiciones prácticas para hacerlo. “No es lo mismo implementar esta ley en una empresa con 10 trabajadores que en una con mil pues el costo y la logística de asignar sillas o programar descansos escalonados es muy distinto, pero al final es una ley y se tiene que cumplir”, señaló. El dirigente señaló que la forma en que están diseñadas las áreas de trabajo y la necesidad de mantener la producción continua generan retrasos en la manera en que algunas compañías organizan los tiempos de pausa sin afectar su operación. Si bien no se cuenta con un registro exacto de cuántas empresas en el estado ya cumplen con este mandato, Escobedo admitió que el avance ha sido más lento entre las de mayor tamaño. En San Luis Potosí, el avance es desigual, especialmente en sectores como manufactura, comercio y servicios, donde los empleados permanecen de pie durante largos periodos.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en San Luis Potosí anunció que la implementación de la Ley Silla y de la jornada laboral de 40 horas se realiza de forma gradual en las empresas y comercios. El titular de la dependencia, Crisógono Sánchez Lara, destacó que estas medidas buscan fortalecer la conciliación y la paz laboral, al tiempo que reiteró que la obligación aplica tanto para pequeñas como grandes empresas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Sobre la reducción de la jornada laboral, Sánchez Lara recordó que el plazo federal para aplicarla vence en 2030, pero aseguró que en San Luis Potosí ya se trabaja en una transición consensuada entre trabajadores y empresarios. La STPS adelantó que estará atenta a denuncias y verificaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de ambas disposiciones.