La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha detonado una de las crisis políticas más delicadas para el actual gobierno federal, advirtió el politólogo Jorge Rocha Quintero. En entrevista, el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente señaló que este caso representa un punto de inflexión para la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al tratarse de acusaciones formales por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de alto nivel. “Estamos ante uno de los momentos más complejos desde el inicio de este gobierno, porque se pasó de la opinión pública a una acusación penal formal con fines de extradición”, explicó. El especialista detalló que, además de Rocha Moya, entre los señalados se encuentran otros actores relevantes del ámbito político en Sinaloa, lo que agrava el impacto del caso en términos institucionales y de gobernabilidad. Ante este escenario, Rocha Quintero consideró que la decisión de solicitar licencia fue una salida política para reducir costos inmediatos, sin llegar a una confrontación directa con el gobierno estadounidense. “La estrategia parece ser quitarlo del cargo sin entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Es una medida que busca contener el daño, pero no resuelve el fondo del problema”, apuntó. El analista también subrayó que este episodio envía mensajes contradictorios: por un lado, muestra que no existe una protección absoluta para funcionarios; pero por otro, deja ver límites en la cooperación internacional en materia de justicia. Además, advirtió que el caso podría tener repercusiones en la relación bilateral, particularmente en un contexto clave para México, como la próxima revisión del tratado comercial entre ambos países. “Si no se actúa, puede fortalecerse la percepción de que en México prevalece un ‘narco-gobierno’, lo cual tendría implicaciones políticas y económicas muy serias”, indicó. En el ámbito interno, el politólogo consideró que la situación impacta directamente en la narrativa de combate a la corrupción que ha promovido Morena, al tratarse de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y no únicamente con irregularidades administrativas. “No es un tema menor, no estamos hablando solo de corrupción, sino de presunta colaboración con el crimen organizado, lo que eleva significativamente la gravedad del caso”, enfatizó. Asimismo, previó que este episodio podría influir en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, obligando al partido en el poder a reforzar sus mecanismos de selección. Finalmente, Rocha Quintero señaló que el desarrollo del proceso judicial será clave para determinar el alcance real del caso, el cual —dijo— ya no podrá resolverse únicamente en el terreno político o mediático. “Ahora estamos en el ámbito legal, donde se requieren pruebas, investigaciones y resoluciones. Es un proceso que no se puede dejar inconcluso”, concluyó.