El pasado 14 de octubre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó un comunicado informando que impuso una inhabilitación por 24 meses a la empresa Ortopedia Ana, así como una cuantiosa sanción millonaria debido a la “entrega de bienes con especificaciones distintas a las acordadas y a la presentación de información falsa” en un pedido que celebró con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta no es la primera vez que esta empresa tiene una reprimenda gubernamental por una licitación. Recientemente ha salido a la luz una más. La empresa entregó pañales al sector salud, de mala calidad y caros, en una adjudicación irregular de Birmex. Quienes saben del problema refieren que, ante la imposibilidad de corregir esta grave falla, la empresa logró obtener un amparo, el No. 147672025, otorgado por el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, Francisco Javier Rebolledo Peña. Con ese instrumento otorgado la firma pudo seguir entregando sus pañales.

Los argumentos del juzgador referían “proteger el interés público” y “evitar el desabasto”. No obstante, hay falsedad en ello, porque el verdadero interés social se preserva garantizando que el dinero público se utilice con transparencia, eficiencia y en beneficio de los pacientes. Esto claramente no ocurrió: los amparos mantuvieron los contratos irregulares y beneficiaron a la empresa incumplida. Además, el juez, con su amparo, ni siquiera exigió que Ortopedia Ana garantizara posibles daños y perjuicios por el otorgamiento de la suspensión. El juez no protegió a la sociedad, sino a un particular con un procedimiento indebidamente adjudicado.

El colmo de todo, en el caso anterior, ocurrió cuando, el 21 de octubre, apareció publicado un acuerdo que sobreseía el amparo a Ortopedia Ana. ¿Dónde se publicó? En el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahí se reconocía que el amparo era improcedente. Sin embargo, horas después, esto desapareció del sistema, y se dijo que era un “error del sistema” y que “no se había aprobado”. Esto es grave, porque al haber sido publicado, ya tenía efectos legales. Borrarlo del sistema fue ilegal.

El Tribunal de Disciplina del Poder Judicial tiene un caso que debe revisar pronto, porque el juez, aparentemente, ya prepara el camino para otorgar más amparos a esta empresa tras el anuncio de la inhabilitación y multa relacionadas con el IMSS. Todo indica que el nuevo Poder Judicial, con sus muy anunciados estándares morales para administrar justicia… aún está en pañales. ¡Uf!

COCA COLA FEMSA

La embotelladora que encabeza Ian Craig experimentó una disminución de volumen de ventas de 0.6 por ciento en el tercer trimestre, pero un crecimiento de ingresos de 3.3 por ciento. La utilidad de operación creció 6.8 por ciento. Bien.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

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