La sorpresa fue enorme. Primero se supo que habían capturado a dos de los más altos colaboradores de Rocha Moya en Estados Unidos. Ni más ni menos que el de finanzas y el de seguridad (un general de altísimo nivel). Después se aclaró que ambos se habían entregado a las autoridades estadounidenses. Peor para el Gobierno mexicano y mucho peor para el exgobernador Rocha Moya que, dicen, está en su casa.

La entrega de los dos funcionarios que estaban en la lista de extraditables solicitada por las autoridades norteamericanas marca un giro a todo al caso de la narcopolítica en Sinaloa, que ha puesto en serios aprietos a la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Al discurso de la soberanía, de la exigencia de pruebas por parte del Gobierno mexicano, ahora se le tendrá que dar una vuelta con lo que el Gobierno estadounidense diga, si se le antoja, qué es lo que han dicho los exfuncionarios que decidieron entregarse.

Salvo que el gobierno tenga en la mano toda la jugada de los acusados —cosa que se antoja casi imposible—, todo indica que la suerte no parece estar del lado mexicano. La entrega de los ex colaboradores de Rocha plantea preguntas: ¿Por qué no se entregaron acá? ¿Desconfían de las autoridades nacionales? ¿Era imposible llegar a un acuerdo? ¿Los dejaron a su libre albedrío? ¿No tuvieron contacto con nadie? ¿Prefieren unos años de cárcel gringa a unos de cárcel mexicana? ¿Acaso pensaban que los iban a entregar en un paquete del cual nada más se salvaría el exgobernador? ¿Sintieron que peligraban sus vidas y que era más seguro estar en territorio estadounidense, aunque fuera en un presidio? Son algunas interrogantes que saltan de primera intención. Como quiera que sea, es evidente la desconfianza de los dos exfuncionarios en la justicia mexicana, sea en su faceta judicial y carcelaria, o en ambas.

Pareciera que con la entrega del responsable financiero y de seguridad a las autoridades norteamericanas le quedará exclusivamente la responsabilidad sobre qué hacer con Rocha Moya. Pero no es así, quedan todavía siete personas más que han sido requeridas en la fiscalía neoyorkina y no sabemos nada de su situación. Ignoramos si están en el país o si ya huyeron. El Gobierno mexicano informa mal y a cuentagotas. No dicen si alguien ha sido detenido o siquiera citado a declarar respecto de las acusaciones formuladas en el otro país. En Estados Unidos ya hay dos mexicanos en manos de las autoridades. Aquí, ninguno.

El acusado más relevante del paquete es, sin duda, el señor Rocha Moya. Este individuo ha sido defendido de manera inexplicable por la Presidenta en estas semanas. Se podría entender que antes de los señalamientos de los estadounidenses se defendiera al gobernador como una herramienta de política local, un asunto entre militantes del partido oficial. Eso a pesar de que el gobierno rochista ha sido una total desgracia para el estado de Sinaloa. Sin embargo, una vez que se cuenta con las acusaciones de la fiscalía estadounidense, poner a la Presidenta a defender al señalado es un despropósito.

Con el paso de los días el gobierno deberá definir qué hace con la papa caliente que es el exgobernador. Juzgarlo aquí, meterlo preso, acusarlo nada más de corrupción y darle unos cuantos años de encierro o simplemente entregarlo a los estadounidenses para que todo se lleve a cabo allá y quitarse el tema de encima por un tiempo. Ninguna opción parece ganadora. Quedaremos pendientes de los que se fueron y de los que se quedaron. Serán suertes distintas.