Preocupa que, aduciendo al tema de movilidad, se pueda restringir el derecho a la libre manifestación de la ciudadanía, expuso el abogado Jesús Monsiváis Cerda, activista en temas de movilidad. Lo anterior luego de que diputados han señalado que, a través de una iniciativa para expedir la Ley de Movilidad en el Estado, se ha contemplado la posibilidad de regular las manifestaciones. El activista refirió que, en el pasado, se han presentado iniciativas parecidas y en lo que han coincidido organismos de derechos humanos, es que la mayoría de éstas caen en la política prohibicionista o punitivista de un derecho consagrado en la constitución mexicana. Consideró que la propuesta presentada por algunos diputados es polémica ya que podría presumirse jurídicamente que la misma puede resultar inconstitucional ya que en la constitución política se establece el derecho a la manifestación de ideas particularmente en los artículos 6 y 9, en este sentido, agregó que el incurrir en una política prohibicionista inferiría en ambos artículos. Reconoció que el derecho a la manifestación, por su naturaleza en sí misma, puede resultar conflictiva, pero es importante que como sociedad se entienda que esta manifestación pública que puede realizar cualquier ciudadano es imprescindible para el equilibrio democrático, por lo que es necesario que también se entienda a las calles como espacios de participación ciudadana y no propiamente como ámbitos de circulación. En este sentido, Monsiváis Cerda explicó que no se puede responsabilizar a las manifestaciones de afectaciones a la movilidad cuando, las autoridades públicas no han presentado iniciativas para mejorar este rubro. “Lo que me parece peligroso es que podamos justificar la presentación de esta iniciativa por razones de movilidad; todos usamos el espacio público y puede causar molestia encontrarte una manifestación, pero el asunto es que no podemos dejar toda la responsabilidad a una manifestación por luchas legitimas cuando, las autoridades públicas no han presentado iniciativas para mejorar el transporte público y la movilidad”. El abogado indicó que es importante que, al analizar este tipo de iniciativas, el equipo jurídico del Congreso del Estado revise los alcances de los artículos constitucionales que abordan este tema para evitar que se violente este derecho ciudadano, asimismo, apuntó, se debe consultar normativas federales en este sentido. “Sería relevante que el congreso local revise, propiamente, lo que ya señala la Ley General de Asentamientos Humanos (…) se vería muy mal el congreso local que, por una situación de desconocimiento de la norma, puedan aprobar una ley presumiblemente inconstitucional”, insistió.