El gobierno de Claudia Sheinbaum busca endurecer el control sobre determinadas inversiones extranjeras y someter a un escrutinio específico de seguridad nacional las adquisiciones de empresas mexicanas en sectores estratégicos, como energía, infraestructura, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y manejo de datos.

La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera, enviada por el Ejecutivo al Senado, establece que la inversión extranjera que pretenda participar directa o indirectamente con más de 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana requerirá autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, siempre que la empresa supere el umbral de activos que determine la propia Comisión y opere en actividades consideradas sensibles para la seguridad nacional.

La propuesta incorpora un nuevo Título Sexto Bis, denominado “De la seguridad nacional en las inversiones extranjeras”, con el que se busca sustituir el esquema actual, que permite a la Comisión impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional, pero sin establecer parámetros detallados para realizar esa evaluación.

¿Qué actividades estarán sujetas al nuevo escrutinio?

Entre las actividades sujetas al nuevo escrutinio se encuentran las infraestructuras estratégicas físicas o virtuales, incluidas las relacionadas con energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería, tratamiento o almacenamiento de datos, sistemas digitales, sectores aeroespacial y de defensa, así como instalaciones sensibles.

También quedarían bajo vigilancia las llamadas tecnologías críticas y productos de doble uso, donde el gobierno incluye expresamente inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa, almacenamiento de energía, tecnologías cuánticas y nucleares, además de nanotecnología y biotecnología.

La lista se extiende al suministro de insumos fundamentales, particularmente energía y materias primas; seguridad alimentaria, y el acceso a información sensible, incluidos datos personales o la capacidad de controlar dicha información. La Comisión también podrá incorporar actividades análogas mediante una resolución general.

Para reforzar la revisión, la iniciativa propone incorporar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, cuando se analicen asuntos de seguridad nacional participarán como invitados permanentes, con voz pero sin voto, los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo, de acuerdo con la exposición de motivos, es que el análisis deje de concentrarse primordialmente en variables económicas —como empleo, capacitación, tecnología, medio ambiente y competitividad— y cuente con criterios especializados para identificar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta sostiene que este nuevo mecanismo deberá mantener principios de no discriminación, transparencia, previsibilidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de manera que las restricciones a los inversionistas sean estrictamente necesarias para mitigar un riesgo de seguridad nacional.

Multas de hasta 200 mil UMA

El proyecto también eleva las consecuencias para quienes incumplan las nuevas reglas.

La sociedad mexicana que transfiera acciones a un inversionista extranjero pese a una negativa de autorización o sin contar previamente con una resolución favorable podría recibir una multa de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la UMA.

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Con información de El Financiero