Múltiples casos en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo, y otros estados, son prueba cotidiana de que el discurso oficial es precisamente eso, solo discurso Desde que protestó como gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla se la ha pasado atendiendo crisis tras crisis. Cuando no es el crimen organizado, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. El caso es que Michoacán no ha tenido respiro ni el apoyo suficiente del gobierno federal. El fusilamiento de un número aún desconocido de personas en la localidad de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, es una bofetada para la 4T que a toda costa intenta generar la percepción de que todo va bien. El 15 de febrero de 2017, López Obrador aseguró que cuando triunfara Morena “no van a haber masacres en México”. Respondía así a las criticas por haber acusado a la Marina- Armada de México de haber masacrado a menores de edad en Tepic, Nayarit, durante un operativo contra el narcotráfico. Nunca probó sus dichos y el tiempo confirmó que el objetivo de aquel operativo fue Juan Francisco Patrón Sanchez, alias “El H2”, jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leyva en Nayarit y el sur de Jalisco. Ya siendo presidente, el 18 de septiembre de 2020, entre carcajadas sarcásticas, López Obrador aseguró: ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Las evidencias dicen lo contrario. Múltiples casos en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo, y otros estados, son prueba cotidiana de que el discurso oficial es precisamente eso, solo discurso. Primero fue la incursión armada del Cartel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente de Michoacán. Aguililla fue el epicentro de aquella guerra inconclusa que nadie ha querido reconocer. Tropas del Ejército Mexicano tuvieron que llegar a contener las agresiones. Luego, maestros disidentes de la CNTE mantuvieron bloqueadas las vías del tren que van hacia el puerto de Lázaro Cárdenas. Exigían el pago atrasado de salarios y prestaciones desde el gobierno de Silvano Aureoles. Fueron tres meses de bloqueos que generaron pérdidas económicas por dos mil millones de pesos. Hace un par de semanas, vimos la suspensión de las compras de aguacate michoacano en Estados Unidos por amenazas del crimen organizado a inspectores sanitarios norteamericanos en Michoacán. Al mismo tiempo, normalistas y la CNTE volvieron a la carga. Intentaron bloquear nuevamente las vías férreas y se enfrentaron a la Guardia Nacional y la policía michoacana. Exigían la renuncia del director de Educación Indígena del gobierno estatal. Pretendían nombrar a uno de los suyos en esa posición. Lo lograron parcialmente. Total, Alfredo Ramírez Bedolla ni los michoacanos han tenido tregua. BON APPÉTIT

Pero, mientras la CNTE pone en jaque a los gobiernos que se le antoja, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dirigido por el profesor Alfonso Cepeda —muy cercano a los maestros—, ha sido resiente y abierto al diálogo con la 4T. POR ALEJANDRO CACHO

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