La ausencia de políticas públicas de integración social para las personas originarias del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que llegan al Área Metropolitana de Guadalajara, les impide el acceso a derechos sociales como la salud, el trabajo y la asistencia social.

El profesor en las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, maestro Luis Enrique González Araiza, explicó que las condiciones de vida de las personas migrantes en tránsito se complican sin documentación.

“Cuando quieres insertarte sin tener una regular estancia vinculada con el ejercicio al derecho al asilo, se te complica mucho. En términos de derecho migratorio estás en el país de forma irregular, estás ‘sin papeles’, como se dice popularmente; y en esta condición no tienes regular estancia, no tienes CURP, que es la llave a los derechos sociales en México”.

Explicó que sin la Clave Única de Registro de Población (CURP) las personas no pueden registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conseguir empleo, prestaciones sociales y médicas, ni ante el SAT.

Sólo las personas que cuentan con una regular estancia mediante un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM) pueden procurar un proceso de integración social. 

“Esto implica que cada orden de gobierno, de acuerdo con su jurisdicción y competencia, empiece a generar políticas de integración para esta población; por ejemplo, que los municipios, cuando solicitan un documento para identificarse, no sólo sea el que piden a los mexicanos, la credencial del INE, que las personas extranjeras tengan un documento migratorio con el cual puedan identificarse ante el municipio”, dijo. 

En el documento de diagnóstico y recomendaciones El proceso sobre los procesos migratorios en el Área Metropolitana de Guadalajara, elaborado por investigadores de la UdeG y del ITESO, se recomienda a los municipios metropolitanos impulsar la coordinación intramunicipal para la atención de personas en contexto de movilidad por medio del Sistema DIF, institutos de las mujeres y de las juventudes, comisarías, servicios médicos municipales, registro civil, entre otros.

“En la medida en que se tome en cuenta a esta población se pueden generar armonizaciones a nivel administrativo, y también algo concreto en los programas sociales, porque en las reglas de operación siempre te piden que se identifique a la persona del municipio a través de su credencial de elector, pero no todas las personas que viven en el municipio y pagan impuestos son mexicanas”, destacó.

En los últimos dos años incrementaron las solicitudes para la condición de refugio: en 2022 el número de solicitudes fue de 120 mil, y en 2023 de 140 mil, peticiones que incrementan con los migrantes que llegan tras enfrentar crisis medioambientales, pobreza o persecución por violencia y ven en México a un país destino.

“Lo importante es entender que esas personas están viendo en México, voluntaria o involuntariamente, un lugar de destino migratorio, y al entender esto ahora somos un país de destino migratorio de personas sujetas de protección internacional, de los solicitantes de asilo, que no sólo es una cuestión social, sino institucional, de los tres órdenes de gobierno”, enfatizó.