El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para evitar que los consumidores contraten créditos mediante engaños, suscripciones activadas por omisión, o autoricen cargos recurrentes por confusión a través de servicios financieros en medios electrónicos.

En el proyecto presentado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puso como ejemplo a “las plataformas que imponen un tiempo límite para acceder a ofertas, lo que acelera la toma de decisiones de los consumidores”.

“Esta inadecuada práctica consiste en no especificar fechas de cierre de las promociones o agregar relojes con mensajes que indican la pérdida del descuento si no se realiza la compra”, resaltó.

Monreal puso un ejemplo más: “cuando una aerolínea ofrece un costo de vuelo inicialmente barato, pero el precio final termina siendo más alto por otros conceptos que se añadieron durante el proceso”.

Por ello, dijo que se pretende regular los llamados “dark patterns o patrones oscuros de diseño, que se trata de técnicas deliberadas de interfaz de usuario —botones camuflados, lenguaje confuso, verdaderos laberintos de cancelación y preselección de opciones costosas”.

“Hay contadores de urgencia artificiales, costos ocultos revelados al momento del pago y consentimientos obtenidos por omisión, cuyo propósito expreso es inducir al usuario a tomar decisiones que no habría adoptado de haber contado con información clara y un diseño neutral”, explicó Monreal.

Detalló que se busca “evitar un crédito contratado mediante engaño, una suscripción activada por omisión, o una autorización de cargo recurrente obtenida a través de un flujo de consentimiento confuso, que puede traducirse en sobreendeudamiento, deterioro del historial crediticio, pérdida patrimonial o exclusión financiera”.

El líder de los diputados de Morena resaltó que “el ordenamiento mexicano carece de una definición legal de los patrones oscuros y no establece obligaciones específicas de diseño de interfaces para los prestadores de servicios financieros digitales.

“Así, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF) contiene disposiciones generales de transparencia e información, sin embargo, no contempla el entorno digital como ámbito regulatorio autónomo”, subrayó.

Monreal mencionó que “la ausencia de una regulación específica sobre diseño de interfaces financieras ha creado un espacio de impunidad en el que las plataformas pueden extraer consentimientos viciados con plena cobertura formal, dado que el usuario 'aceptó' términos que en la práctica no tuvo oportunidad de comprender ni rechazar”.

“Colmar ese vacío es una exigencia de congruencia normativa y de respeto a la dignidad del usuario como sujeto de derechos y no como fuente de ingresos captivos”, apuntó.

Monreal retomó datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que en 2022 recibió 554 mil 26 mecanismos de asesoría o reclamaciones de defensa, de las cuales más del el 25% correspondía a información sobre servicios financieros y 41% a cargos no reconocidos y productos financieros no solicitados.

“La estadística desagregada muestra que tiene mayores efectos negativos en jóvenes de entre 18 y 29 años, así como en adultos mayores de 60 años que acceden a servicios financieros digitales a través de programas de transferencia gubernamental. Incluso, se tiene registro de que, en 2023, el 30% de la población había tenido problemas para cubrir sus gastos”, mencionó.

El coordinador de Morena consideró que es necesario reformar y adicionar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera en Materia de Prohibición de Prácticas Engañosas de Diseño Digital y Protección de Usuarios Vulnerables en Servicios Financieros.

Propuso una adición para definir a la interfaz digital, como el “conjunto de elementos visuales, funcionales y de interacción digital a través de los cuales el usuario accede, contrata o gestiona servicios financieros por medios electrónicos”.

También la definición de prácticas engañosas en el entorno digital como “diseños de interfaces digitales que, mediante su estructura, presentación y flujo, tengan por efecto inducir, presionar, engañar o dificultar decisiones libres, informadas o reversibles por parte del usuario”.

“Se trata del derecho a un entorno digital seguro, donde el diseño de las plataformas digitales no induzca al error, confusión o engaño, ni dificulte el ejercicio de los derechos de cancelación o revocación del consentimiento”, indicó.

Monreal añadió que se busca garantizar “el uso de diseños de interfaz éticos, neutrales y transparentes que respeten el consentimiento y eviten el uso de prácticas engañosas o cualquier arquitectura de decisión engañosa”.

“Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) deberán garantizar que las interfaces digitales y tecnológicas utilizadas para la prestación de sus servicios no incorporen prácticas engañosas en el entorno digital, y que la información proporcionada permita decisiones libres, informadas y comparables por parte de los clientes”, añadió.

Además, el Banco de México y las autoridades competentes “podrán emitir disposiciones que limiten o prohíban prácticas de diseño en interfaces digitales que distorsionen la toma de decisiones de los Clientes o afecten la competencia efectiva en la prestación de servicios financieros”.

“Los contratos de adhesión deberán corresponder funcional y operativamente con los medios digitales mediante los cuales se celebran, garantizando que el proceso de contratación refleje de manera clara, accesible y no engañosa los términos y condiciones aplicables”, establece la iniciativa.

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Con información de Latinus