La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados celebró la cancelación al impuesto a videojuegos anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al recordar que en el debate correspondiente esa fuerza política acompañó las protestas en contra de la comunidad gamer.

Era, recordó la diputada Laura Ballesteros, una medida recaudatoria y prohibicionista, y consideró que sigue pendiente hacer efectivo el reconocimiento y apoyos a los eSports, sin estigmatizarlos y reconociendo su valor como un fenómeno transformador de la dinámica deportiva y social.

México se destaca por su potencial para convertirse en un referente global en la industria del gaming. El estudio con el informe Game On: el auge del gaming en México (2025), elaborado por Endeavor México y Banco Santander México, establece que el país es el mercado más grande de videojuegos en América Latina y el décimo a nivel mundial”

Recordó la diputada Ballesteros que, a nivel internacional, actualmente se calcula que hay unos 76 millones de jugadores activos, lo cual genera ingresos superiores a los 2,300 millones de dólares anuales.

Iniciativa para reconocer los eSports

Movimiento Ciudadano presentó recientemente la iniciativa con proyecto de decreto para que los deportes electrónicos (eSports) sean reconocidos legalmente como una modalidad deportiva dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y sentar así las bases para su regulación progresiva e integración plena en las políticas públicas del deporte nacional.

Según la propuesta de la bancada naranja, en países como Corea del Sur, Francia y China los eSports cuentan con reconocimiento legal como actividad deportiva.

Impuesto inviable y riesgoso

Por su parte, la diputada Iraís Reyes expuso que la medida era, desde el inicio, inviable en la práctica, y que desde que fue planteada advirtió que no sólo afectaría la economía de los jóvenes y las familias, sino que también abría la puerta a un problema mayor: la falta de criterios claros para definir qué contenidos podrían considerarse violentos.

Más allá del impacto económico, el principal problema era la ausencia de una definición clara sobre qué se pretendía gravar. Como lo señalé en tribuna, en medios y en podcasts de la comunidad gamer: este impuesto presentaba la interrogante básica de quién decide qué es violento”

Era una puerta que se abría al autoritarismo el hecho de que el gobierno cobrara nuevos impuestos con base en lo que a su criterio considerase qué es violento”.

Expuso que querían castigar a quien está jugando en casa, en lugar de resolver problemas de inseguridad que de verdad urge atender en el país.

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Con información de Excélsior