Municipios y entidades federativas están acudiendo a la SCJN en acciones de controversia constitucional porque con el Plan B y las modificaciones a la Ley General de Comunicación, se está violando la autonomía de los municipios, queriendo controlar la manera en que ejercen sus presupuestos y poniendo restricciones en los gastos de comunicación social, lo cual transgrede la constitución y podría ser el principio de futuras limitaciones, comentó el abogado y experto jurídico José Mario de la Garza. De la Garza subrayó que no se trata sólo de las restricciones en materia de comunicación social a los municipios, sino que el tema es la autonomía y la forma en que usa sus presupuestos el municipio, es decir, se trata de una ley que podría desencadenar restricciones federales para otros proyectos que desarrolla el municipio en materia de desarrollo social e infraestructura urbana. “No es nada más un asunto de comunicación social, es un principio para afectar la autonomía de los municipios y permitir que a través de leyes que vienen de la federación, el municipio tenga mucho menos capacidad de actuar”, precisó el abogado. Añadió que de acuerdo a las modificaciones a la Ley General de Comunicación, impulsada desde la presidencia de la República y aprobada a finales de diciembre del año pasado, los municipios de México tendrán una limitación en los gastos de comunicación social, lo cual no coincide con la autonomía municipal expuesta en el artículo 115 constitucional, sino que transgrede la autonomía del cabildo para el ejercicio de los presupuestos. “Una vez que les aprueban los ingresos que tendrán a través de la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso, el municipio a través del Cabildo puede decidir cómo se gasta ese dinero, que una ley federal venga a establecer restricciones y ponerles límites, viola la autonomía del municipio”, explicó el abogado. Enfatizó que la Suprema Corte aún no ha fallado a favor o contra de las controversias que han presentando los municipios, pero que podrían darse varios escenarios, uno sería que los municipios que presentaron las controversias no tuvieran que aplicar la Ley General de Comunicación y pudieran utilizar su presupuesto con las leyes orgánicas municipales y otros que sí tuvieran que aplicarlas, lo que generaría una situación compleja para los ayuntamientos en México. “Será hasta las próximas semanas donde esperaremos ver cómo se admiten estas controversias y que posicionamiento fija la presidenta de la SCJN. Lo más seguro es que lo resuelva rápido para no generar incertidumbre en el uso de los recursos municipales”, detalló el experto jurídico.