En los conflictos de todo tipo, pero sobre todo en los de naturaleza jurídica hay, básicamente, dos posiciones. Cada una de ellas considera tener la razón, cada uno de los contrincantes asume que está en lo correcto y, consecuentemente, el adversario está equivocado. Una buena muestra del drama perenne del conflicto y la postura de que cada quien tiene su propia verdad es el film dirigido por Stanley Kramer de 1961, Los juicios de Nuremberg. La trama juega con el espectador desde el momento en que se anticipa cuál es la posición vencedora (la de los ganadores de la guerra) y quienes son los malvados. Sin embargo, cuando el joven abogado defensor interpretado por Maximilian Schell da una serie de argumentos la opinión del espectador se cuestiona. Eso sucede con los litigios: siempre habrá dos versiones, cada una con sus propias explicaciones y de las cuales una sola saldrá avante. El triunfo de una de ellas debe ser basado en argumentos. No hay soluciones únicas, no todo está previsto por el Derecho legislado, siempre será susceptible de interpretarse y la realidad superará por mucho a lo previsto en el orden jurídico. No hay jueces Hércules, ni los legisladores son dioses. Tal parece que en la discusión de los grandes problemas nacionales de hoy, las opiniones de solución única y correcta que desdeñan las demás posibilidades es moneda corriente. Sin adelantar un posicionamiento, tenemos en la discusión nacional el tema de si la Corte puede conocer o no de la validez de una reforma constitucional. Las voces se han hecho oír: desde las posturas institucionales hasta la expresión de juristas connotados. En forma pendular van desde argumentos basados en la legitimidad democrática, por un lado, o sustentados en la labor de defensa de principios constitucionales inalterables, por el otro. La noción de conflicto existe, eso es más que obvio y se trata de un caso difícil. Pero hay que conducir el debate por la vía de la racionalidad. Esto es, con argumentos. Y digo esto porque no hay una sola y única respuesta que pretenda resolver el asunto. Habrá tantas posibles respuestas, pero sólo deben considerarse en términos de racionalidad y de la justificación de los argumentos. Mismos que deberán ser plausibles a una mayoría, incluso para quienes pudieran no estar de acuerdo, les resulte aceptable. Eso es lo que ocurrirá con este asunto que, para algunos, pretenden descarrilar el quehacer institucional. No será así, se expresarán los argumentos, se evaluará el nivel de plausibilidad racional y habrá una solución (no única), pero siempre sobre los rieles de la argumentación. POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN