La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí inició un expediente de queja a partir de la supervisión efectuada por personal de la Tercera Visitaduría en las celdas preventivas del municipio de Villa Guadalupe, en el marco de las actividades de inspección programadas para este ejercicio 2025; durante dicha acción se recopilaron datos, documentos y testimonios del personal responsable de la Dirección de Seguridad Pública.  Tras el análisis lógico-jurídico de las evidencias integradas en el expediente, la CEDH determinó que existieron elementos suficientes que acreditan la vulneración de diversos derechos humanos: Derecho a la legalidad, al omitirse fundar y motivar los actos de autoridad; Derecho a la integridad personal, por la inadecuada certificación médica de las personas detenidas; Derecho al trato digno, al no garantizar condiciones adecuadas de estancia a quienes se encontraban bajo resguardo en los separos preventivos. Por lo anterior la CEDH emitió la Recomendación 9/2025 dirigida al Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, bajo los siguientes puntos recomendatorios:  • Realizar las gestiones presupuestales necesarias para que las celdas preventivas municipales cuenten con instalaciones y servicios en condiciones óptimas para la salvaguarda de la dignidad humana. • Implementar protocolos de atención para personas sometidas a detención, incluyendo aquellos específicos para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

• Garantizar la disponibilidad de personal médico las 24 horas del día, así como establecer un protocolo de actuación para la atención y certificación de personas detenidas.

• Dar vista de la presente Recomendación al H. Cabildo, para que se tomen las medidas administrativas y de supervisión correspondientes.

• Gestionar la profesionalización continua del personal de seguridad pública municipal, particularmente en materia de derechos humanos y uso adecuado de la fuerza.

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  La Comisión Estatal exhorta al Ayuntamiento de Villa de Guadalupe a adoptar las medidas recomendadas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, así como a implementar acciones que eviten la repetición de este tipo de hechos.