Ante la falta de avances legislativos en materia de movilidad y seguridad vial, diversas organizaciones civiles presentaron este jueves una propuesta de Red de Movilidad Activa para la zona metropolitana de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar desplazamientos más seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.

La iniciativa fue presentada por Abril Villar, integrante del Observatorio Juvenil de Movilidad y Seguridad Vial; Josué Santiago, director de Derechos Urbanos A.C.; y Claudio Iván Aldrete, coordinador de alianzas de la misma organización.

Los promotores explicaron que el proyecto contempla un periodo de prueba de 30 días durante el cual se recibirán observaciones y propuestas de usuarios de las distintas rutas, con la finalidad de perfeccionar el diseño y fortalecer su impacto en la seguridad vial.

Durante la presentación, Josué Santiago reconoció que existe una necesidad urgente de contar con una legislación que regule adecuadamente la movilidad y el tránsito; sin embargo, señaló que las organizaciones no pueden esperar a que el Congreso del Estado concluya el proceso legislativo para comenzar a implementar acciones que ayuden a reducir los riesgos en las calles.

Indicó que en la zona metropolitana se registran alrededor de 600 accidentes fatales al año relacionados con problemas de movilidad, cifra que motivó la implementación inicial del proyecto en esta región antes de extenderlo a las cuatro regiones del estado.

Asimismo, afirmó que San Luis Potosí se encuentra entre las entidades con mayores índices de mortalidad por siniestros viales, particularmente entre peatones, ciclistas y motociclistas, lo que evidencia la necesidad de replantear el modelo de movilidad urbana.

Los impulsores del proyecto detallaron que la propuesta fue elaborada a partir de un análisis de los principales destinos de la ciudad y de las rutas del transporte público, además de incorporar estudios previos sobre ciclovías y considerar las estrategias contenidas en el Programa Metropolitano de Desarrollo Urbano, el cual contempla el fortalecimiento de una red ciclista.

Además, informaron que buscarán institucionalizar el llamado urbanismo táctico mediante cuatro intervenciones prioritarias en puntos considerados críticos por su falta de infraestructura vial segura.

Explicaron que el propio Ayuntamiento de San Luis Potosí ha identificado, a través de su Gaceta Municipal, 13 cruceros de alto riesgo que concentran una parte importante de las muertes derivadas de siniestros viales. Esto permitirá focalizar acciones en dichas zonas para disminuir la incidencia de accidentes fatales.

Los representantes de las organizaciones señalaron que, si bien las autoridades suelen privilegiar obras de infraestructura correctiva, existen medidas de menor costo que pueden generar resultados significativos al considerar el error humano como un factor inevitable en la movilidad. Entre ellas mencionaron la instalación de reductores de velocidad, delimitación de espacios, adecuación de vías alternas y otras acciones orientadas a prevenir accidentes.

De obtener resultados favorables durante el periodo de prueba, la propuesta de red ciclista será presentada formalmente a las autoridades municipales involucradas el próximo 13 de julio.

Respecto de los retrasos legislativos para dictaminar iniciativas relacionadas con movilidad, los activistas señalaron que actualmente las autoridades cuentan con una sociedad civil organizada que aporta investigaciones, diagnósticos y propuestas técnicas para fortalecer las políticas públicas, por lo que reiteraron su disposición a colaborar con el Congreso del Estado.

En particular, hicieron referencia a la denominada “Ley Santi”, cuyo proceso legislativo se encuentra pendiente. Aunque esperan una respuesta favorable tras la resolución judicial que otorgó al Congreso un plazo de tres meses para dictaminarla, enfatizaron que su intención no es generar confrontación, sino construir una propuesta viable que pueda ser aprobada dentro del plazo establecido.

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Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Adriana Porras, recordó que el incumplimiento de una sentencia puede derivar en distintas medidas de apremio previstas por la Ley de Justicia Electoral. No obstante, expresó su confianza en que el Congreso atenderá la resolución dentro de sus obligaciones legales y dictaminará las iniciativas correspondientes en tiempo y forma.