El reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, a través de falsas ofertas de empleo, ha generado gran preocupación en diversos estados de la República Mexicana, especialmente a raíz de los recientes hechos ocurridos en Teuchitlán, Jalisco. Este fenómeno, que afecta a cientos de jóvenes, ha revelado la forma en que las organizaciones criminales están aprovechando la vulnerabilidad de los jóvenes que buscan oportunidades laborales en medio de la creciente inseguridad y falta de empleo. En entrevista para “Así las Cosas” el experto en temas de seguridad, Francisco Salazar Soni, refirió que los grupos criminales están utilizando diversas tácticas para atraer a los jóvenes a sus filas, ofreciendo empleos que inicialmente parecen atractivos pero que terminan convirtiéndose en un entramado de explotación y crimen. “Estos jóvenes son enganchados a través de falsas promesas económicas, y una vez dentro, se ven forzados a formar parte de actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas hasta el sicariato y el reclutamiento para enfrentamientos violentos entre grupos criminales”, comentó el experto. El fenómeno no es aislado en Jalisco; es una problemática que afecta a varias entidades federativas de México. La atomización de los cárteles de droga y la fragmentación de las organizaciones criminales están llevando a una creciente necesidad de personal para cubrir las diversas actividades ilícitas que requieren, desde mensajeros y cuidadores hasta sicarios y soldados para la defensa de territorios. Salazar destacó que, lamentablemente, las políticas públicas actuales son en su mayoría reactivas y no preventivas. “No hay una estrategia integral para frenar el reclutamiento de jóvenes. Las campañas de prevención deben ser más eficaces y comenzar desde las primarias y secundarias. Es esencial que los jóvenes sean informados sobre los riesgos de caer en las redes del crimen y que aprendan a identificar los métodos de los grupos delictivos”, explicó. Además, el experto subrayó que las instituciones encargadas de la protección de los desaparecidos, como la Comisión Nacional de Búsqueda y el Centro Nacional de Identificación Humana, se han visto desbordadas por la magnitud del problema. La falta de recursos, personal capacitado y la burocracia dentro de estas instituciones ha dificultado la labor de localizar a los miles de desaparecidos en todo el país. La situación se agrava con la escasa protección en lugares clave como las centrales de autobuses, que se han convertido en puntos de cooptación para los grupos criminales, y la falta de control sobre las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales operan de manera clandestina o incluso están vinculadas a organizaciones delictivas. Indicó que es fundamental que las autoridades federales, estatales y municipales trabajen de manera coordinada para crear políticas públicas proactivas, que no solo busquen dar respuesta a los hechos violentos, sino que también aborden la prevención desde sus primeras etapas.