La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su preocupación por la decisión del Legislativo de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que supone de facto su militarización pese a que la Constitución consagra el carácter civil del cuerpo.

La decisión del Senado de la República de transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a una secretaría dirigida exclusivamente por militares “deja efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal”, indicó el organismo en un comunicado. "Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales (…) y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, subrayó la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en funciones, Nada Al-Nashif. Al-Nashif, quien cederá próximamente el cargo al austriaco Volker Türk, recordó que la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, y que ello “no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad”. Además “ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos” contra las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, aseguró la jordana. La alta comisionada en funciones también criticó que las reformas aprobadas hoy por el Senado mexicano no incluyan disposiciones que garanticen la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, “lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”. También expresó preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) rechazó “categóricamente” este viernes la aprobación en el Senado de la República de la reforma que pasa al Ejército el control de la Guardia Nacional por considerar que eso generará más violaciones a los derechos humanos en el país. "Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México“, señaló el organismo en un comunicado. Dijo que la aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), haciendo oficial su carácter militar, por parte del Senado de la República, “representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México”. Edith Olivares Ferreto, director ejecutiva de AI México, indicó que en los últimos 16 años se han visto “los desastrosos” resultados de la militarización de la seguridad pública en México y por ello llamó al Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles. Dijo que se debe priorizar el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. "Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, enfatizó. AI recordó que el enfoque militarizado en la seguridad pública ha tenido consecuencias “desastrosas” para los derechos humanos, pues más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas en el país, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. “La Sedena ha sido objeto de más de cuatro mil quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014”, puntualizó. Señaló que por ello instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos de la ONU han expresado repetidamente su preocupación por el uso de las fuerzas militares y policiales militarizadas para actividades de seguridad pública en México. “Preocupaciones y recomendaciones que hoy han sido desestimadas”, insistió. Recordó que tanto AI como otras organizaciones de la sociedad civil han advertido que la estrategia de seguridad pública militarizada “ha sido fallida”. “México es hoy un país mucho más inseguro que hace 16 años”, lamentó. Y señaló que entre 2006 y 2022 los homicidios se han incrementado 218 por ciento; en 16 años han sido asesinadas más de 100 personas que ejercían el periodismo (15 de ellas en los primeros ocho meses de este año) y más del 97 por ciento de los casos de más de 105.000 personas desaparecidas ocurrieron a partir de diciembre de 2006. Con información de López Dóriga Digital / EFE