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No se sanciona el incumplimiento de la obligación alimentaria
01:50 martes 17 febrero, 2026
San Luis
El padrón de deudores alimenticios en el estado no está cumpliendo con su objetivo, aseguró la diputada local Gabriela Torres, al señalar que la legislación vigente presenta vacíos que impiden garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación de pensión alimenticia.
La legisladora subrayó que el pago de pensión es una responsabilidad legal de toda persona que ejerza la paternidad; sin embargo, reconoció que ninguna institución u organismo puede obligar a las paternidades a ejercer su rol de manera integral. No obstante, enfatizó que el Estado sí debe contar con mecanismos claros y eficaces para sancionar el incumplimiento de la obligación alimentaria, algo que actualmente no está debidamente garantizado en la ley estatal.
En ese sentido, informó que presentó una iniciativa en la Comisión Segunda de Justicia para reformar el marco normativo relacionado con el padrón de deudores alimenticios, con el objetivo de agilizar la inscripción de personas morosas en el registro, hacerlo público y establecer sanciones claras para quienes incumplan con esta responsabilidad. Explicó que estos elementos no están contemplados de manera adecuada en la legislación vigente, lo que ha provocado que el padrón no tenga efectos reales ni funcione como una herramienta efectiva de presión y cumplimiento.
Torres reconoció que la propuesta original fue impulsada por la diputada Lidia Vargas, aunque su iniciativa incorpora nuevas consideraciones para fortalecer la reforma y hacerla más sólida jurídicamente. Asimismo, señaló que uno de los referentes para robustecer el marco legal en San Luis Potosí es el modelo implementado en el estado de Oaxaca, donde el padrón contempla mecanismos más claros de inscripción y publicidad.
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Finalmente, admitió que hasta el momento no se ha logrado aterrizar por completo la propuesta para que el padrón sea verdaderamente funcional y, sobre todo, público, condición que consideró fundamental para que cumpla con su propósito de garantizar el derecho alimentario y generar consecuencias reales para quienes incumplen con esta obligación.