La aplicación de la Ley de Economía Digital avanzará de manera gradual y todavía está pendiente conocer qué sectores deberán incorporar los pagos digitales bajo los criterios que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), explicó Ivania Mazari, coordinadora de Investigación de México Evalúa.

Para Así las Cosas, la especialista señaló que en un plazo de 15 días se conocerían los sectores considerados para iniciar la implementación de las disposiciones aprobadas por el Senado de la República. No obstante, aclaró que la nueva legislación no implica que el efectivo vaya a desaparecer de manera inmediata, pues la transición requiere tiempo y condiciones que permitan a los negocios y consumidores adaptarse a otras formas de pago.

Ante ello, Mazari indicó que la ley no establece con precisión la metodología que utilizará Hacienda para seleccionar las actividades económicas que incorporarán primero estos mecanismos. Por ello, consideró importante que la dependencia tome en cuenta factores como los hábitos de consumo y la infraestructura disponible, a fin de que la adopción de pagos digitales responda a las condiciones de cada sector.

En este sentido, destacó que México mantiene una importante dependencia del efectivo, aunque consideró que el reto no necesariamente se limita a la disponibilidad de tecnología. A su juicio, también influye la demanda de los consumidores y la confianza en los sistemas electrónicos, pues algunos establecimientos pequeños evitan aceptar tarjetas u otros medios digitales debido a las comisiones que deben pagar y a que sus clientes no suelen solicitarlos.

De igual manera, la coordinadora de Investigación de México Evalúa añadió que el uso de estos mecanismos depende de una relación entre comerciantes y consumidores, quienes necesitan encontrar ventajas para incorporarlos a sus actividades cotidianas. Sin embargo, advirtió que los fraudes representan un obstáculo para generar confianza, por lo que las fiscalías deben fortalecer las acciones para investigar y atender los delitos relacionados con las operaciones digitales.

Respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), Mazari señaló que son uno de los sectores donde predomina el efectivo, pese a que la adopción de nuevos medios de pago puede ofrecer oportunidades para ampliar su clientela y mejorar el control de sus operaciones. Además, explicó que conocer con mayor precisión sus ingresos y costos permite evaluar la rentabilidad del negocio y tomar decisiones sobre su crecimiento.

Asimismo, recordó que el sector bancario ha impulsado tarjetas y otros productos financieros dirigidos a facilitar la incorporación de los pequeños establecimientos a los servicios formales. Estas alternativas, consideró, pueden contribuir a que los comerciantes tengan mayor confianza en los sistemas digitales y encuentren opciones adecuadas para sus necesidades.

Sobre las preocupaciones de que la nueva ley facilite una mayor vigilancia fiscal por parte de Hacienda, Mazari puntualizó que esto dependerá del instrumento de pago utilizado y explicó que existen herramientas digitales que no requieren necesariamente un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que su utilización no implica, por sí sola, que la autoridad disponga de un registro directo de todas las personas que las emplean.

Sin embargo, reconoció que un negocio que incremente sus ventas y consolide sus operaciones podría tener mayores incentivos para incorporarse al sistema financiero formal. Aun así, sostuvo que esta transición no debe considerarse necesariamente negativa, pues cumplir con las obligaciones contables también puede facilitar el acceso a créditos y a mejores condiciones de financiamiento, además de contribuir a mejorar la administración y el desempeño de las empresas.

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Finalmente, la especialista destacó que la legislación también contempla disposiciones relacionadas con los tres órdenes de gobierno, con las que se busca facilitar el seguimiento del uso de los recursos públicos. En este sentido, subrayó que la digitalización de los pagos puede contribuir a una mayor transparencia, siempre que su implementación tome en cuenta las condiciones de los usuarios y garantice mecanismos confiables para realizar las operaciones.