El 2 de octubre en el Senado de la República se aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 76 votos a favor y 39 en contra. Tras su aprobación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien promovió la iniciativa en primera instancia, solicitó su revisión y corrección, pues atenta contra los derechos de protección a la ciudadanía establecidos en la constitución. Al respecto, la senadora del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, declaró que el PAN no fue parte del grupo de votantes que colaboró en la aprobación de esta iniciativa y denunció a aquellos que lo hicieron como “votantes artificiales”, acusándolos de no tener criterio y únicamente seguir órdenes, pues con su aprobación se ponía en riesgo la violación de derechos de la ciudadanía.

Explicó que la peligrosidad de dicha reforma radica en un transitorio que había sido anteriormente eliminado por las presidencias de las comisiones al haber un posible riesgo de violación de derechos. Sin embargo, durante la sesión del pleno en el Senado durante la madrugada, se integró dicho transitorio a la propuesta el cual, según las palabras de Rodríguez Hernández, “se robaba la retroactividad de la Ley de Amparo”.

Dicho transitorio ameritaba que todos los procesos de amparo pendientes serían resueltos con la nueva Ley de Amparo ya reformada, la cual endurece los requisitos para activar el recurso legal que es clave en la protección de los derechos humanos. La justificación detrás de la propuesta es agilizar los procesos y evitar que los recursos de amparo sean utilizados por “por quienes quieren evitar la justicia”.

A pesar de la resistencia de diversos senadores y senadoras de ir en contra de la Constitución, fueron mayoría quienes votaron a favor de su aprobación. No obstante, la senadora especuló sobre la existencia de oposiciones dentro del mismo partido (Morena), ya que, a tres días de su aprobación, la reforma aún no llegaba a la Cámara de Diputados, muestra de que hay interferencias en su aceptación.

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Concluyó diciendo “esta reforma no moderniza el juicio de amparo, lo debilita. Le quita a la ciudadanía la posibilidad de defenderse frente a los abusos de autoridad y le otorga más poder al gobierno”.